Desde hace más de diez años, el problema que más preocupa a los venezolanos es el del hampa desbordada. Una delincuencia ante la cual, el Estado en su acepción más amplia, está perdiendo la batalla, al límite de haberse constituido en una clara señal de ingobernabilidad y por lo tanto en una amenaza para el sistema político y para la nación tal como la conocemos.
Al menos desde el punto de vista discursivo y hasta visual hemos podido ser testigos del fracaso de 25 planes de seguridad que no apuntan de manera alguna al centro del problema. Asuntos como el tráfico y micro tráfico de droga, el abandono muy temprano del sistema escolar, condiciones de pobreza y marginalidad aunadas a la incapacidad del gobierno para ejercer, en nombre del pueblo, soberanía en todo el territorio nacional han creado un ambiente propicio para el delito en todas sus escalas. Desde el arrebatón hasta la instauración de mafias, pasando por secuestros de todo tipo y asesinatos a mansalva, el venezolano se ve sometido a una condición de desamparo que le hace sentir una ausencia total del Estado.
Es así como en Venezuela, con 45 homicidios por cada 100mil habitantes, es más fácil ser asesinado que ganarse la lotería. Lo peor es que no es ni siquiera necesario comprarse el numerito. Las madres encomiendan a sus hijos a todos los santos, las personas caminan por las calles como quien se siente constantemente amenazado. La oscuridad se ha apoderado de las calles, avenidas y autopistas del país. El ambiente es propicio para el delito.
Lo peor de todo esto, es que los jueces venezolanos dedican mucho tiempo a la criminalización de la protesta y muy poco a la condena ejemplar de los asesinos de decenas de miles de venezolanos todos los años. Los asesinatos, según organizaciones especializadas, no son resueltos en más del 90% de los casos. Eso quiere decir que la impunidad está más o menos garantizada. El delincuente no tiene mayor temor a asesinar porque difícilmente será procesado.
Esta situación de impunidad hace que el venezolano, cual si viviese en una sociedad regida por el neoliberalismo salvaje, se haga cargo de su propia seguridad en la medida de sus posibilidades. Algunos tienen la capacidad de andar en camionetas blindadas escoltadas por motorizados armados, otros pagan altos precios por la vigilancia privada de sus calles o edificios. Muchos deciden armarse. La gran mayoría queda a merced de la delincuencia, que cual depredadores salen a la caza de víctimas a las cuales no solo le arrebatarán sus pertenencias o dignidad sino también la vida.
Cerró el año 2013 con un nuevo incremento del total de homicidios. Lo adicionalmente grotesco es la propaganda oficial según la cual el último plan de seguridad del gobierno ha, en el éter de la televisión, disminuido de forma importante el número de asesinatos.
Aquí hay varios asuntos que preguntar. ¿Qué hace un militar dirigiendo un ministerio eminentemente civil como el de interior, justicia y paz?¿Por qué se insiste en la mentira de unas cifras que quedan despedazadas ante la realidad de víctimas que dejan hogares enlutados? Más importante aún: ¿por qué el presidente no recurre a la destitución de un funcionario que no está a la altura de las funciones que la ley le asigna?
Los asesinatos se ocurren a diario. Peor, las estadísticas ya nos acercan a 3 venezolanos muertos por cada hora que transcurre. ¿Qué está esperando el gobierno para actuar?¿Por qué las policías siguen teniendo menos poder de fuego que el hampa?
Ante el brutal, vil y cobarde asesinato de Mónica Spair y Thomas Berry las declaraciones de Maduro me llenaron de estupor. Dirigiéndose a los criminales, no les habló como lo hubiese hecho con los miembros de la oposición. Casi que los trató con respeto. No vimos la misma saña que cuando se dirige a los venezolanos que ejercen el legítimo derecho de no apoyarlo. Si el discurso y accionar de Maduro y Cabello contra los delincuentes fuese como los que tienen contra la oposición, muy probablemente habría menos asesinatos en Venezuela.
Las redes sociales vieron la reacción de algunos voceros del partido de gobierno llamando a no politizar esta tragedia. Desde el punto de vista formal de la ciencia política no logro entender el planteamiento. ¿Cómo se hace para no politizar un problema cuya solución depende de políticas? O no se entiende que es a través de políticas públicas con base en un claro entendimiento del problema que se puede comenzar a avanzar en la solución de este asunto tan delicado.
Lo que más entristece de lo que se lee en las redes sociales es los partidarios del gobierno usando teorías de conspiración de corte neta y puramente cubanas. La que me dejó estupefacto fue la de un seguidor del régimen que sugería que la oposición había realizado esta macabra acción para dañar la imagen de Maduro y su gestión. De estas mismas fuentes venían las sugerencias de no politizar un asunto netamente político.
Varias preguntas me asaltaron: ¿Cuál es el nivel de fanatismo que impide asumir las responsabilidades que el gobierno tiene en este problema?¿Cómo es que los seguidores del gobierno siguen viendo a la oposición como unos supervillanos y, aún siguen apoyando a quienes son incapaces de detenerlos?¿Qué tan inocente se puede ser para no darse cuenta que este gobierno pareciera beneficiarse del crimen como mecanismo de control social?
Lo digo con propiedad: el asunto de la criminalidad es un problema netamente político. La solución al mismo comienza por la búsqueda de acuerdos entre todos los sectores de la sociedad, sin exclusión alguna, para implantar a la brevedad un conjunto de políticas que reduzcan al mínimo el flagelo del homicidio. Los planes de desarme tienen que ser reales. Las investigaciones criminales tienen que llegar a término. Los criminales deben ser encarcelados y condenados. Las policías deben tener un poder de fuego superior al de los hampones.
El que no vea el crimen y todas sus vinculaciones y derivaciones como asunto político no puede ser visto sino como inocente o ignorante. El gobierno tiene una responsabilidad que asumir sin ambages. Los delincuentes tienen que sentir miedo y respeto por la autoridad que mana del gobierno. De otra forma, seguiremos en esta lamentable situación de ingobernabilidad en la cual el hampa marca la pauta.
Estamos ante una emergencia nacional. Cada vida venezolana importa. No se pueden seguir perdiendo vidas ante el criminal accionar del hampa desbordada. Las emergencias no admiten esperas. Las soluciones, o el comienzo de ellas, deben implantarse a la brevedad. Y este, amables lectores, es un asunto político.