El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) solicitó a la filial venezolana de la transnacional suiza Nestlé pagar las 2.500 Unidades Tributarias (UT) impuestas a través de una multa en el año 2008.
AVN
El entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu), comprobó el delito de boicot que causó retardo en la movilización de 50 contenedores de leche, encontrados en la Aduana de Puerto Cabello, los cuales iban a ser procesados, envasados, distribuidos y comercializados a la población venezolana, reseñó una nota de prensa.
El presidente del Indepabis, Eduardo Samán, explicó que Nestlé fue derrotada en dos instancias judiciales. Primero, cuando interpuso el recurso de nulidad y suspensión de efectos del acto administrativo del Indecu ante la Corte Segunda del Contencioso Administrativo que declaró sin lugar tal recurso.
Y en segunda instancia luego de la apelación ejercida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Político-Administrativa.
Aseveró que Nestlé mantuvo una conducta indolente frente a la seguridad alimentaria del pueblo venezolano.
Agregó que la empresa no realizó las gestiones pertinentes para colocar la mercancía en la cadena de comercialización, generando de esta manera una matriz de escasez que impidió la satisfacción de las necesidades básicas de la colectividad.
Asimismo, señaló que el Estado aplicará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de este producto y otros artículos de primera necesidad al pueblo venezolano.
En ese sentido, indicó que los órganos fiscalizadores no sólo tienen que velar por el cumplimiento de las obligaciones de los productores de alimentos, sino además tienen la facultad de revisar y sancionar las actividades contrarias a las establecidas para salvaguardar la seguridad alimentaria del país.