María Corina Machado, diputada independiente a la Asamblea Nacional, habla con vehemencia y su discurso no admite ambages. La violencia desbordada y la criminalidad tienen para ella un único responsable: el gobierno de Nicolás Maduro, que las utiliza de manera intencional como un mecanismo de control social.
“No se trata de pedir rectificación de las políticas, porque simplemente no quieren hacerlo. La violencia es deliberada, quiere a un pueblo sometido. No hay políticas, sino caos y anarquía”, sentenció.
Afirmó que tras la muerte de la Miss Venezuela 2004, Mónica Spear, y la su esposo, Maduro solo responde por la repercusión internacional que tiene el caso. “Les preocupa el costo político que pueda tener esto”.
Aseguró que Maduro intenta endosarle a la oposición su responsabilidad por el fracaso de sus políticas, y que la coalición opositora le dé estabilidad y legitimidad ante las medidas económicas que tendrá que adoptar este año.
—El país está convulsionado por el crimen de Mónica Spear y su esposo. ¿El gobierno dio un paso al convocar a los gobernadores y alcaldes para discutir sobre la inseguridad?
—Ese asesinato es muy sentido porque es una figura pública cercana a la gente, pero ese es el drama de 200.000 familias. La violencia es un instrumento de control social: físico, político y espiritual. Ha sido usado por el gobierno de manera intencional. No es un tema de pedirle a Maduro que corrija o rectifique; no es que no pueda hacerlo, es que no quiere hacerlo. La diferencia con Cuba es el régimen mataba directamente a sus disidentes. En Venezuela se ha incentivado el hampa desbordada para ejercer violencia. Hay más de 10 millones de armas en la calle, colectivos armados por el gobierno, una impunidad a través de la destrucción del sistema judicial, y se ha logrado mandar el mensaje de que aquí el crimen sí paga. Hay un discurso de odio y de venganza permanente por parte de quienes ejercen el poder. No habrá solución a la violencia, a la escasez, a la inflación, y no habrá posibilidad de democracia y libertad mientras Maduro esté en Miraflores.
—Por primera vez en quince años el Gobierno admite que hay un problema con la inseguridad.
—Cada vez que el gobierno se ve puesto contra la pared dice: “Ahora sí, ahora sí vamos a resolver el problemita. Vamos a dialogar para corregirlo juntos”, y cuando la efervescencia baja, vuelve a la brutalidad. Este gobierno sistemáticamente busca transferir su responsabilidad a otros. Con la inseguridad pretenden aplicar lo mismo: “Somos una sociedad violenta, enferma”. Entonces, ¿esto no es responsabilidad de quienes tiene 15 años en el poder? La función fundamental del gobierno es preservar la vida de los ciudadanos. ¿Si esa no es la función del gobierno, entonces de quién es? El gobierno está consciente del grado de destrucción de la calidad de vida de la gente, y de lo que viene.
—¿Usted cree que todo esto es deliberado?
—Absolutamente. Es un régimen de control social. En la medida que se destruye la cohesión social y se tiene a un ciudadano totalmente dependiente del Estado, y se busca ideologilizarlo, como con la resolución 058 del Ministerio de Educación, o lo que se vive en la frontera con el ELN metido en las escuelas del Táchira, y se tiene a una población que pasa todos sus días de cola en cola para cubrir sus necesidades, ¿en qué momento ejerce su ciudadanía? Se consumen. Lo que se busca es destruir hasta la dinámica familiar, que es donde se genera la conciencia de un ciudadano libre, y eso es lo que quieren pulverizar. Y lo que es peor: destruir la República a través de la entrega de la soberanía nacional a Cuba.
—¿Cuál es su valoración de la reunión del miércoles entre gobernadores y alcaldes con Maduro?
—Fue un monólogo, Maduro no escuchó a nadie. Expuso sus puntos de vista en un momento en el cual el régimen necesita estabilidad y apaciguar a las fuerzas de oposición por su nefasta actuación. Cuando Maduro habla de un plan de pacificación, habla de acallar a la oposición y a todos aquellos que disentimos.
—¿No cree necesario medidas conjuntas con gobernadores y alcaldes sobre la inseguridad?
—Los gobernadores y alcaldes tienen una responsabilidad y un mandato popular, requieren lo que les corresponde: dotación policial, información y comunicación, recursos. Otra cosa es asumir políticamente la responsabilidad del fracaso de todas las políticas y de las medidas económicas que van a tomar. El gobierno no tiene como objetivo una agenda común para lograr resultados. La violencia para este gobierno es política de Estado. Si no puedes defender a la ciudadanía, menos puedes defender el territorio. Eso explica lo que ocurre con Guyana y el Esequibo.
—¿Qué medidas debería tomar el gobierno si de verdad deseara atacar el problema?
—En el supuesto de que la espiral de violencia no fuera intencional, tendrían que destituir al ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, lo que daría una primera evidencia de que lo que ocurre es su culpa y de nadie más. Transferir recursos y respetar las competencias de policías estatales y nombrar personas en el Poder Judicial que defiendan la institucionalidad. Acabar con la persecución política, liberar a los presos políticos y eliminar el lenguaje de odio que representa un modelaje perverso para la sociedad.
—¿Cree que el gobierno tiene políticas eficientes para combatir la criminalidad?
—Es que no hay políticas. Todo lo que existe apuntala el caos y a la anarquía, y ha ido justificando la militarización de la sociedad en todos los ámbitos, por la demanda de orden de una sociedad desesperada por la anarquía.
—¿Gobernadores y alcaldes pueden enfrentar la violencia con medidas aisladas?
—No, necesitan recursos y las competencias que les han quitado. No es solo la visión preventiva. El sistema judicial debe funcionar. No se debe colaborar con el gobierno compartiendo la responsabilidad, porque ellos no quieren resolver el problema.
—¿Cómo puede la oposición apoyar y acompañar a la ciudadanía?
—Hay que cambiar un régimen cuyas políticas son deliberadas para controlar y someter a la población. Para el que tenga dudas, allí está Cuba y sus 55 años en el poder, ese es el diálogo en el que ellos creen. Tenemos un régimen que para mantenerse en el poder necesita una sociedad arruinada, convulsionada y dividida física y espiritualmente, y por eso han ido sembrando el miedo a lo largo de estos años. El desafío es que cada venezolano pueda establecer el vínculo directo entre los dramas económicos y sociales y su raíz política, que sepa quién es el responsable de que maten a la gente, de que no encuentren comida, de la crisis de la salud. El problema es político y la única solución es el cambio del régimen. Nuestro segundo gran objetivo es presentar esa ruta, ¿cómo lograr la remoción constitucional del gobierno lo antes posible? Nuestra Constitución establece diversos mecanismos, como la asamblea nacional constituyente, el referéndum revocatorio y el consultivo, una enmienda, o la renuncia. Venezuela no puede seguir en esta dirección
—¿Qué opina del diálogo que promueve el Gobierno?
—¿Qué quieren ellos de la unidad? Que le demos estabilidad y legitimidad. El gobierno nos dice permanentemente que nos va a liquidar y que jamás vamos a llegar al poder. El que dice eso, ¿puede abrir un espacio para el diálogo? Frente a lo que se viene, quiere compartir y transferir la responsabilidad, porque será brutal.
—¿Cree que los opositores que asisten a los llamados al diálogo del gobierno le hacen el juego a Maduro?
—Las reuniones han sido distintas; la de los alcaldes y gobernadores fue para coordinar y exigir lo que les corresponde; allí hubo expresiones claras y firmes de la interacción que se está exigiendo. La de la Asamblea Nacional fue diferente porque la AN es un poder autónomo y hay un Ejecutivo que ha humillado al Parlamento y pretende someterlo. Ahí está la Ley Habilitante y el Plan de la Patria. El Plan de la Patria es un plan de gobierno, no una ley, y el único compromiso que tenemos los ciudadanos con él es desconocerlo.
—¿Cree que fue acertado que los tres jefes de fracción de la unidad de la AN se reunieran con Maduro?
—Si pensara que era correcto ir, habría ido. Así lo dije en la Mesa de la Unidad. No fui a Miraflores porque Maduro es ilegítimo y este diálogo que ofrecen es tan fraudulento como sus elecciones.
La vía es la constituyente
La diputada María Corina Machado cree que el mecanismo para lograr una remoción constitucional del presidente Nicolás Maduro es convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de los riesgos que implica una constituyente, explicó que apuesta a este mecanismo porque está convencida de que la mayoría de la ciudadanía quiere un cambio de gobierno, y que al activarlo podrán modificar las condiciones electorales.
“La ventaja de la constituyente es que el llamado ‘poder originario’ permite establecer los términos en que esa elección tiene lugar, tanto en el tiempo como en las condiciones. No depende del régimen y sus instituciones, y allí hay un diferencia fundamental entre la herramienta de la constituyente y las otras opciones que establece la Constitución”, indicó.
Subrayó que hay que buscar una vía que no esté controlada por el gobierno, y que el sistema electoral administrado por el CNE está corrompido y distorsiona la expresión popular.
Insistió en que la estrategia que escoja la Mesa de la Unidad Democrática debe ser discutida abiertamente, incorporando a varios sectores de la sociedad y oyendo a los ciudadanos. “El propósito de la unidad no es ser la mejor oposición del mundo o la más buena, es lograr sustituir al régimen y darles el poder a los ciudadanos”. Dijo que la unidad debe debatir todas las opciones que están en la carta magna.