Trabajadores presos en Carabobo por querer conformar un sindicato
El tema de la inseguridad y la violencia ha pasado a ser un hecho cotidiano en Venezuela. Las cifras de asesinatos crecen año a año, mes a mes, día a día. Los planes que el gobierno implementa contra el hampa -han sido muchos y variados- no han logrado cambiar la situación. Hemos dicho en el pasado que la solución no puede pasar por sacar militares a la calle (lo han hecho sin resultado alguno, más allá del impacto propagandístico y publicitario). Todos los estudios e informes que han hecho los investigadores y las ONG dan cuenta de un altísimo índice de impunidad. El sistema de Justicia no está a la altura de la circunstancia. Las cifras oficiales de muertos por “ajuste de cuentas” o en supuestos “enfrentamientos” crecen también en forma desmesurada. Da la impresión que desde los diferentes niveles de gobierno es nada lo que pueden hacer. Hay parálisis. La violencia está instalada.
Acción ciudadana
Ante esta situación, los ciudadanos se ven rebasados, pero son ellos, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y venciendo al miedo, quienes tienen que reclamar al Estado su inacción y su negligencia.
La sociedad reacciona de una manera cuando se dan casos de asesinatos en personajes públicos (la ampliación mediática influye) y de otra manera cuando se da en otras personas. Pero reacciona siempre, aunque no en forma colectiva. El tema de la violencia, las muertes y la inseguridad puede ser un tema que una a amplios y diversos sectores de la sociedad para exigir acciones concretas al Estado y al gobierno. La inseguridad ha tocado la puerta de miles de familias venezolanas. Otras, viven encerradas en sus casas, aterrorizadas hasta la vuelta al hogar de todos los miembros de la familia.
El Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida (artículo 43 de la Constitución y artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y a proteger a los ciudadanos respetando la dignidad y los derechos humanos de las personas (artículo 55 de la Constitución). No hay lugar a interpretaciones ni a malentendidos, la letra de la Ley está ahí. Los ciudadanos deben exigir al Estado que la cumpla.
CIVETCHI, camiones chinos a cambio de trabajadores venezolanos presos.
CIVETCHI, C. A. es una empresa mixta (51% del estado venezolano y 49% en manos privadas) creada en marzo de 2012, que ensambla vehículos automotores con tecnología china. Está ubicada en el estado Carabobo.
Fue inaugurada con bombos y platillos y anunciaron que en julio de ese mismo año iniciarían una producción de 40 unidades diarias de camiones, camionetas y pickups que serían vendidas a “precios solidarios”.
A los pocos meses, las quejas de los trabajadores comenzaron a escucharse: problemas de seguridad industrial, maltratos y acoso patronal, y da inicios de 2013, decidieron formar un sindicato para defender sus derechos y condiciones de trabajo. Ahí comienza el calvario para 8 trabajadores de esta empresa.
El 24 de abril de 2013, el presidente de la empresa cita a 6 de los trabajadores que liderizan la formación del sindicato, al final de una jornada laboral, fuera de las instalaciones de la empresa y los presiona para que renuncien. Cuentan los trabajadores que llegaron a un acuerdo sobre su liquidación y renuncia. 2 días más tarde son citados, de nuevo fuera de las instalaciones de la empresa, junto a 2 compañeros de trabajo más que no habían asistido a la primera reunión, diciéndoles que se habían conseguido buenas condiciones económicas para que la negociación -incluía un vehículo- de finiquito terminase en buenos términos. Ese mismo día, en horas de la mañana, la empresa había puesto una denuncia en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por una presunta extorsión en contra de estos trabajadores. En dicha reunión, el patrón entregó a los trabajadores sobres con 25.000 Bs en efectivo, como parte del acuerdo para pagar la cuota inicial del vehículo. Cuando salían del sitio de reunión, fueron detenidos por el SEBIN.
Hasta el 29 de agosto estuvieron recluidos en el SEBIN del estado Carabobo pero ese día, el presidente de la empresa pide al Tribunal que lleva la causa que sean trasladados al Penal de Tocuyito. La Juez accede y emitió las boletas de encarcelación a dicho penal, lugar donde se encuentran hoy en día.
En todo momento, los diferentes tribunales por los que ha pasado la causa han pedido a los trabajadores la admisión de culpabilidad a cambio de rebajas de pena, cosa a la que estos se han negado constantemente, pues mantienen su inocencia.
Derechos conculcados por el patrón
Llama la atención en este caso el poder del que goza el patrón -y el abuso de poder con que actúa- que ¿casualidad? es socio del Estado.
Primero, y en contra de la legalidad vigente, evita la conformación de un sindicato en su empresa.
En segundo lugar, monta una trampa junto a los órganos de inteligencia del Estado para involucrar a esos trabajadores en una trama de extorsión.
Además, actúa con saña cuando pide -y logra- que los trabajadores sean recluidos en la cárcel de Tocuyito.
La ONG PROVEA está desarrollando una campaña a favor de la libertad de estos trabajadores por considerar que se está criminalizando la lucha sindical y no se está respetando el derecho a conformar sindicatos.
ConflictoVe Fuente:TalCual, 13 de enero de 2014, pág 7
Pueden consultar nuestros anteriores análisis semanales publicados en TalCual:
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