La erradicación de la criminalidad o de otros males no es un asunto separado de la realización de la vida en democracia. Estos objetivos van de la mano. Sin embargo, Nicolás Maduro con la excusa de combatir la delincuencia propone cerrar filas alrededor de su modelo. Solicita el reconocimiento y la aprobación de su ideario político. Un proyecto que encontró en el empobrecimiento de los derechos de los venezolanos el eje articulador de la sociedad. En cualquier democracia occidental sería inaceptable el canje que pretende Nicolás Maduro. Quien está planteando que la renuncia a las libertades individuales sea el pago que se ofrezca a su gobierno por preservar la integridad de las personas y sus bienes. Pero lo importante es advertir que esa petición expresa su concepción de la justicia. En su visión el bienestar colectivo es una meta que está reñida con la libertad. En sentido estricto: supone que la consecución del bienestar general implica restringir las libertades individuales. En especial, las libertades políticas, de pensamiento, expresión y, por lo mismo, de realización personal.
En la propuesta de Nicolás Maduro el aumento de bienestar es incompatible con un ideal de sociedad en la cual los individuos son responsables de sus vidas. Por eso, el presidente dice que los problemas de Venezuela son solubles sin modificar el Socialismo del Siglo XXI. Incluso, argumenta que el Plan de la Patria es la fórmula de ordenar el país. Un programa que promete modificar los valores y hábitos que exacerban el apetito por la libertad de esta sociedad. El presidente cree que un venezolano sin compromiso con su libertad es la llave que resolverá problemas como la delincuencia, la escasez o la corrupción de su gobierno.
Nicolás Maduro está convencido de las bondades de su modelo. Por eso, su invitación al dialogo se limita a cuestiones prácticas o técnicas, si se quiere. Desea conversar sobre la instrumentalización de su programa socialista. Pero de ninguna manera le interesa revisar los argumentos que utiliza para abusar del poder; tampoco le importa examinar los límites que deberían respetar los burócratas que administran las instituciones del Estado y del gobierno. Menos le preocupa escuchar aquellas voces que le pudieran señalar que su propuesta es inaceptable por razones morales. Pues en su visión la obediencia cívica es un valor que se afinca en la domesticación y sumisión del sujeto.
El presidente considera que los ciudadanos no deben opinar sobre cuestiones relacionadas con las restricciones del poder a los gobernantes o las que atañen a la amplitud de los derechos individuales. Entiende que son temas reservados para la élite que administra el poder. Por eso, Nicolás Maduro se convirtió en un censor del diálogo antes que en su promotor. Es quien decide la prioridad y exclusividad de lo que se debatirá en el foro público. Pero lo insólito es que los dirigentes de oposición acepten conversar sobre esa agenda, con exclusividad. Como si la discusión que el país reclama se agotara en problemas operativos. La MUD y el gobierno desmantelan el contenido del debate político. Eliminan la deliberación sobre el tipo de sociedad en la cual los venezolanos desearían realizar aquellas aspiraciones que estiman valiosas para sus vidas.
Reflexionar y luego hablar, reza el consejo. Los directivos de la MUD antes de mantener nuevos diálogos con el gobierno podrían evaluar las implicaciones y naturaleza de la convocatoria. Se esperaría que esos dirigentes comprendiesen que los 15 años de rivalidades con los oficialistas han sido de disputas entre enfoques políticos irreconciliables. Por eso, interpretarlos como reclamos por la negligencia gubernamental sería irrespetar a quienes han defendido lo que aún queda de democracia. Sobre todo, se esperaría que esos dirigentes se dieran cuenta que le quitan el aliento a un pueblo cuando confunden su desacomodo existencial con asuntos instrumentales. Desfondan sus deseos de confrontarse por ganar más libertad y bienestar.
Alexis Alzuru
Profesor. U.C.V.