El ex presidente islamista de Egipto Mohamed Mursi, derrocado por el ejército que impulsa ahora la candidatura de su jefe al cargo supremo, empezó a ser juzgado este martes en El Cairo por haberse evadido de prisión durante la revolución de 2011.
A la misma hora, un general de la policía y asesor del ministro del Interior fue asesinado en la capital por unos desconocidos que se dieron a la fuga en moto.
El asesinato se produjo en plena ola de atentados yihadistas contra las fuerzas del orden que reprimen violentamente cualquier manifestación de los partidarios de Mursi desde su destitución el pasado 3 de julio.
Mursi y otros líderes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos su guía supremo Mohamed Badie, comparecieron ante el juez con el uniforme blanco de los detenidos tras los barrotes de una jaula, según imágenes difundidas por la televisión estatal.
El derrocado ex presidente, aparentemente bien de salud, escuchó con aire exasperado cómo la fiscalía leía el nombre de los 132 acusados.
Mursi, el único presidente de Egipto elegido democráticamente, corre el riesgo de ser condenado a la pena de muerte por haberse evadido de prisión con la complicidad, según la acusación, de miembros del Hamas palestino, el Hezbolá libanés y movimientos yihadistas.
Durante la única vista celebrada de otro juicio en la que compareció físicamente el 4 de noviembre, el jefe de Estado derrocado calificó las cuatro causas en su contra de “juicios políticos” entablados por el poder “ilegítimo” de los autores de un “golpe de Estado”.
El nuevo proceso comenzó al día siguiente de que el poderoso ejército encargara sin sorpresas a su jefe, el flamante mariscal Abdel Fatah al Sisi -nuevo hombre fuerte del país que destituyó a Mursi- que presentara su candidatura a las elecciones presidenciales previstas en un plazo de tres meses.
Esto tres años después de la revuelta popular que, en el tumulto revolucionario de la Primavera Árabe, puso fin a 30 años de régimen de Hosni Mubarak, otro ex general propulsado por el ejército a la cabeza del país tras el asesinato de Anuar el Sadat.
Mursi y sus coacusados, entre los que hay decenas de miembros de Hamas y del Hezbolá juzgados en rebeldía, están acusados de haberse evadido, en plena revuelta contra Mubarak, aprovechando los ataques de miembros de estas organizaciones y de los Hermanos Musulmanes contra las prisiones.
Varios policías murieron y miles de detenidos se escaparon durante estos ataques.
Mursi, detenido el día de su derrocamiento, tiene cuatro causas pendientes, tres de las cuales acarrean una posible pena de muerte.
Y después de siete meses, el nuevo poder instaurado por Al Sisi, viceprimer ministro y ministro de Defensa, lleva a cabo una implacable represión contra cualquier manifestación de los pro-Mursi. Según Amnistía Internacional, unas 1.400 personas murieron en manifestaciones desde el 3 de julio, en su mayoría manifestantes islamistas.
En ese lapso de tiempo aumentaron los atentados contra las fuerzas de seguridad, muchos de ellos reivincados por un grupo yihadista inspirado en Al Qaida, Ansar Beit al Maqdis. El gobierno interino instalado por Al Sisi acusa sin embargo de forma sistemática a los Hermanos Musulmanes, decretados “organización terrorista”.
El martes, el general Mohamed Said fue asesinado en El Cairo por unos desconocidos. Dirigía la oficina técnica del ministerio del Interior, bajo la supervisión del ministro Mohamed Ibrahim, que escapó con vida a un atentado de Ansar Beit al Maqdis el 5 de septiembre.
Estos insurgentes, basados en la península del Sinaí, afirman actuar en represalia a la mortífera represión de las manifestaciones pro Mursi. AFP