El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció hoy que en 2013 murieron 506 presos en las cárceles del país, una cifra “demasiado grande” pese a ser un 14 % inferior a la de 2012, el hacinamiento ascendió al 231 % y los “pranes”, los líderes carcelarios, siguieron actuando tras las rejas.
La organización no gubernamental hizo publico hoy su informe anual, en el que señala que hay 53.566 internos en los 51 centros de reclusión, incluyendo prisiones, retenes y comisarías, habilitados en el país, que están diseñados para albergar a 16.189 personas.
Solo el 29,89 % de los reclusos están condenados o tienen una sentencia definitiva.
El director del OVP, Humberto Prado, afirmó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, a cargo de Iris Varela, no ha atacado verdaderamente el retardo procesal desde su creación a mediados de 2011, por lo que el hacinamiento se incrementó en más de 20 % el año pasado, y tampoco ha desarmado a los “pranes”.
Prado aseguró hoy que, pese a los anuncios hechos por la ministra acerca de la pacificación de los penales, todavía “hay pranes”.
“En las cárceles existe pena de muerte y si usted viola uno de los códigos que hay dentro de las cárceles, que quienes los aplican son los pranes, simplemente te mueres y estos grupos existen por la complicidad con las autoridades del Estado”, denunció Prado.
El responsable de la ONG indicó que durante 2013, 674 internos se cosieron la boca, una forma de protesta para que su solicitud de traslado a otro penal se concrete pues en la cárcel donde se encuentra, “su vida corre peligro” por causa de esos liderazgos.
Además, el año pasado también hubo otras protestas entre las que figuran doce huelgas de hambre, tres secuestros a visitantes y cuatro a funcionarios, así como cinco huelgas de sangre, que consisten en cortes en piernas y brazos para obligar a que los heridos sean trasladados a centros de salud.
Las enfermedades se cobraron la vida, asimismo, de diez reclusos, ocho de ellos víctimas de sida y dos por tuberculosis.
“Un preso, cuando entra a prisión, tiene hasta el 43 % más de probabilidades de morir que en la calle y resulta que el preso está entre cuatro paredes bajo la custodia de la Guardia Nacional”, aseguró Prado.
El número de fugados se incrementó un 11,87 % en 2013 con respecto al año pasado, según el OVP, que registró un total de 219 evadidos, 93 de los cuales se fueron de penales, 80 de comisarías, 30 de destacamentos de trabajo, 15 de hospitales y uno del llamado “régimen abierto”.
El Gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones que el de las cárceles es uno de los principales problemas heredados de los Gobiernos previos a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.
El propio Chávez llegó a tildar el problema carcelario de “cáncer” y creó un ministerio específico, además de dotarlo de fondos, pero hasta el momento no se ha encontrado una solución definitiva al problema.
Varela, que recientemente reconoció que en los penales hay discotecas, ha insistido en dar respuesta al retraso judicial y la descongestión de los centros de detención.
Prado subrayó que desde 1999 hasta 2013 han muerto 6.163 internos y 16.208 han resultado heridos.
A juicio del titular de OVP, una posible solución de la crisis carcelaria en el país sería entregar la administración de las cárceles a los gobiernos regionales para descentralizar el problema.
“Es menos probable que se equivoquen 23 gobernadores que un solo gobierno”, dijo al tiempo que señaló que el OVP presentará próximamente un “maletín de soluciones penitenciarias” con sugerencias para resolver los problemas del retardo procesal, la violencia, el hacinamiento, la salud y la formación del personal.
“Creo que el ministerio tiene que rediseñarse, no se pueden encerrar en que lo están haciendo bien (…) porque estos números que nosotros estamos dando están mostrando una cuestión totalmente contraria”, apuntó.
Prado señaló que el Gobierno debe perder el miedo a pedirle ayuda a quienes están capacitados para prestarla y recordó que el pasado día 25 se cumplió un año del motín que causó 58 muertos en la cárcel de Uribana, un caso por el que hay una investigación nacional y otra internacional.
“Las responsabilidades no se pueden evadir (…) y no piensen que se van a zafar”, dijo.
Nélida Fernández/ EFE