El decreto oficial número 600 referente a la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos no resolverá el problema de la escasez que existe en el país y se puede traducir como la pérdida del derecho que tienen los ciudadanos a la libertad de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, establecida en la Constitución, reseña El Impulso.
Dicho pronunciamiento fue realizado de manera institucional por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), a través de un comunicado público donde precisan que el mencionado texto jurídico debe ser estudiado a profundidad.
“Cualquier aumento de precios de los productos, al comerciante le puede parecer justo y al consumidor injusto, o viceversa, toda disminución de los precios le parecerá injusta al productor y justo al consumidor. Por tanto dicha subjetividad aporta una cantidad de información a los ciudadanos (los seres humanos cambian constantemente sus metas y preferencias) por lo que es imposible que esta información pueda ser determinada por una Ley y un ente como la Sundee. Un precio impuesto ¿resultará justo? ¿Para quién? Los precios de los productos bajarán con la abundancia de empresas, comercios y competencia, no con controles”, así lo expresó la economista Alicia Sepúlveda del observatorio económico legislativo de Cedice.
“La Ley Orgánica de Precios Justos otorga amplias facultades a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio- Económicos (Sundee), entre ellas el decomiso de bienes y la ocupación o cierre temporal de establecimientos, con lo cual ésta se constituirá en una superestructura, que sustituirá la libre toma de decisiones por parte de los agentes económicos en lo que a fijación y formación de precios se refiere, pues tiene entre sus funciones determinar el precio justo de los bienes y servicios, o efectuar su modificación en caso necesario, de oficio o a solicitud del interesado”, advirtió.
Explicó que dichas atribuciones, podrían facilitar la proliferación de presiones, intento de captura del regulador (prevendas o favores) y actuaciones discrecionales por parte de los funcionarios.
“Esa Ley fusiona dos anteriores (Ley de Costos y Precios justos y Ley del Indepabis), en cuya aplicación y vigencia la economía venezolana se ha visto intervenida de manera directa por los entes gubernamentales, registrándose un incremento en el índice de escasez desde 11,2% en julio de 2011 a 22,2 % en diciembre de 2013, situación que no pareciera revertirse con la promulgación de esta nueva normativa”, alertó.
La economista aclaró que el gobierno reitera la extendida práctica de la expropiación como sanción, “promoviendo una norma inconstitucional, que lamentablemente ha venido extendiendo su aplicación en todas las actividades de los ciudadanos, además declara de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios”.