La mayor patronal venezolana, Fedecámaras, afirmó que el Gobierno adeuda al sector privado 13.400 millones de dólares en divisas no liquidadas para cumplir con proveedores en el exterior y adelantó que el organismo introducirá un recurso de nulidad contra la nueva Ley de Precios Justos.
“Los nuevos cálculos que tenemos están por el orden de 13.400 millones de dólares. Líneas aéreas (…) sector alimenticio, farmaceuta y químicos (…) todos esos sectores suman alrededor de 5.000 millones de dólares entre todos”, declaró en rueda de prensa el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig.
Desde 2003, en Venezuela rige un sistema de control de cambio que deja en manos del Estado el monopolio de la administración de divisas, que entrega para determinados casos y tras una serie de trámites burocráticos, a un precio preferencial de 6,3 dólares el bolívar.
A finales de enero el Ejecutivo puso en marcha un mecanismo de asignación nuevo en el que los sectores considerados no esenciales deberán regirse por el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y que entrega divisas mediante un método de subastas que elevó el dólar a 11,30 bolívares la última de ellas.
Para combatir los problemas de entrega de divisas el Ejecutivo anunció, entre otras medidas, que aumentaría la cantidad de dólares que oferta a través de este organismo de 100 millones de dólares a 220 millones semanales.
“Los 220 millones de dólares semanales en el Sicad (…) si bien es cierto que ha calmado el apetito fiscal, ha dejado de ser una solución (…) de la escasez de divisas que tiene el país”, afirmó Roig.
“Estimamos que alrededor de 6.000 millones de dólares al año podrían tranquilizar muchísimo lo que son las importaciones privadas que no vayan por las tasas oficiales”, señaló en este sentido.
El vicepresidente económico venezolano, Rafael Ramírez, señaló a finales de enero que el Sicad dispondría de 11.400 millones de dólares y que de ese monto 5.000 millones serían para, por ejemplo, las solicitudes de divisas que hacen los residentes en Venezuela que viajan al exterior.
Con esa diferencia de más de 6.000 millones, las necesidades de divisas por parte de las empresas privadas “podrían funcionar relativamente bien”, indicó Roig.
Además informó de que Fedecámaras introducirá una demanda de nulidad contra la nueva Ley de Precios Justos que entra hoy en vigor y en la que se contempla la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
“A partir de aquí salimos a hacer los recursos, un recurso complejo que vamos a preparar con un grupo de abogados y apenas esté listo, calculo en un par de semanas, vamos a introducir el recurso a la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Señaló que los abogados de la patronal “detectan visos de inconstitucionalidad, fundamentalmente, que atentan (…) completamente del modelo establecido en la constitución del 99”.
Par Roig esta es una ley que produce “muchos más controles” y “mucha más burocracia”, que, dijo “es con lo que ha venido estableciéndose el desabastecimiento”.
“Es una Ley que no le conviene absolutamente a nadie, ni a los consumidores, que no van a conseguir sus productos, ni a los productores, que se ven acogotados con un conjunto de leyes y de nuevos recursos para poder obtener dólares para importar”, indicó.EFE