Durante los últimos días los estudiantes de la Universidad de Los Andes, núcleos Táchira y Mérida, han ejercido su legítimo derecho a la protesta, amparados en el artículo 68 de nuestra Carta Fundamental”, dijo Delsa Solórzano, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la Unidad y diputada al Parlamento Latinoamericano.
“La reaccion del gobierno nacional, ha sido una brutal represión que ha resultado en detenidos, heridos y estudiantes sometidos al escarnio publico y a amenazas de apresar al Secretario General dela ULA Táchira, Villcar Fernández” indicó la parlamentaria.
Solórzano destacó que el anuncio de una llamada “orden de captura” contra cualquier ciudadano civil por parte de un funcionario militar, constituye una flagrante violación al debido proceso y al principio del juez natural, así como a la presunción de inocencia.
“Nuestra Constitución, en el mismo artículo 68, prohíbe claramente el uso de armas y gases tóxicos en la represión de manifestaciones públicas. Es evidente el hecho de que existe estudiantes heridos en las manifestaciones” dijo quien a su vez, exigió en nombre de la Mesa de la Unidad “respeto a la Constitución, y el cese a la persecución política”. NP