La falta de protección a periodistas y la prescripción de crímenes por la inacción de la Justicia son los principales peligros que enfrenta este gremio en Colombia, donde dos profesionales fueron asesinados en 2013 y 142 desde 1977, según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentado hoy.
Por Albert Traver/ EFE
El documento, titulado “Protestas. Sin garantías para cubrir”, analiza la convulsión social que vivió Colombia en 2013, con múltiples conflictos y enfrentamientos que afectaron a campesinos y mineros, y alerta de las agresiones sufridas por los periodistas en ese contexto.
En total 44 informadores fueron agredidos, 33 de ellos por la fuerza pública, además se presentaron cuatro quejas ante la Defensoría del Pueblo por obstrucción de la labor periodística y se abrieron ocho procesos disciplinarios a policías.
“Durante los meses de junio, julio y agosto de 2013, cada tres días fueron atacados dos periodistas que cubrían protestas. El 75 % de las agresiones ocurrieron a manos de miembros de la fuerza pública”, destacó Pedro Vaca, director de la FLIP y encargado de presentar el informe.
El documento califica como “altamente preocupante lo vivido durante 2013”, sobre todo tras las “alertas de prevención” efectuadas por esta fundación que “fueron desatendidas por las autoridades”.
La ONG informó de que el año pasado 75 periodistas fueron amenazados y advirtió sobre fenómenos estructurales que afectan a la libertad de prensa en Colombia como la falta de protección o la prescripción de crímenes cometidos.
Además, dos profesionales fueron asesinados en 2013 y 142 desde 1977, según la Fundación para la Libertad de Prensa.
El colombiano Edinson Molina, que trabajaba para una emisora municipal, fue asesinado el pasado 11 de septiembre en Puerto Berrío (Antioquia, noroeste) tras haber denunciado en días anteriores amenazas.
La Fundación reconoce que Molina no se dirigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP), el organismo competente en estos casos, pero alerta de una “descoordinación” entre ésta y las instituciones locales, al insistir en las deficiencias en la custodia ofrecida por la Policía de Puerto Berrío.
La segunda víctima mortal fue José Darío Arenas, del diario Extra Quindío, tiroteado por sicarios en Caicedonia (Valle del Cauca, suroeste).
La FLIP también recuerda que cuatro comunicadores tuvieron que exiliarse temporalmente de Colombia por la falta de celeridad en las medidas adoptadas por la UNP.
Además, durante 2013 prescribieron los crímenes contra cinco periodistas mientras que un sexto caso, el de Eustorgio Colmenares Baptista, fue declarado delito de lesa humanidad el día antes de su prescripción para evitar que se impusiera esa medida.
En lo que va de 2014 ya ha prescrito el caso de Jesús Antonio Medina Parra, de Radio Punto (Norte de Santander, noreste), mientras que otros dos correrán la misma suerte en los próximos meses para engrosar una lista que ha dejado en la impunidad, al menos, 65 muertes.
A ello se suma que el año pasado prescribieron los delitos relacionados con el espionaje ilegal que se realizó a periodistas durante los dos periodos de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta central de inteligencia.
La difusión del informe de la FLIP coincide con otro escándalo de espionaje a los periodistas que cubren el proceso de paz en Cuba, según se ha conocido esta semana.
En ese sentido, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, anunció durante la presentación que pedirá al Gobierno información al respecto.
La cadena Univisión reveló el domingo en exclusiva la interceptación, por la inteligencia del Ejército colombiano, de “más de 2.600 comunicaciones” entre portavoces de las FARC y periodistas de distintos medios, entre ellos las distintas agencias internacionales de prensa.
Según la FLIP, Colombia es el quinto país del mundo donde hay más impunidad en torno a agresiones y amenazas contra la prensa.