Más de 900 casos de detenciones irregulares han sido atendidos por organizaciones no gubernamentales en las últimas dos semanas. Sobre la mayoría de estos hechos hay constancia de violaciones a los derechos humanos, por irregularidades en el proceso de captura y torturas. La cifra nace del balance del trabajo de los grupos Foro Penal, el Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello y los propios abogados de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). laverdad.com / Juan Pablo Arocha
Gonzalo Himiob, abogado y miembro del Foro Penal, estima que en muchos casos las detenciones buscan mermar las acciones de calle a través del amedrentamiento. “Algunos jóvenes son retenidos por pocas horas sin notificar a los padres y se les exige dinero para liberarlos sin presentarlos a la Fiscalía”, relata. Su organización ha atendido a 539 ciudadanos capturados.
Las tres organizaciones no han cruzado la lista de los ciudadanos atendidos, y los nombres de los afectados en algunos casos se mantienen en reserva por protección a las víctimas.
Tan solo en la región metropolitana de Caracas el instituto de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello ha contabilizado 285 casos. De ese total, hasta ayer a mediodía 209 ya se encontraban en libertad, otros ocho habían sido privados de libertad mientras se produce el juicio en su contra. El resto esperaba ser atendidos hoy en tribunales para conocer su nuevo estatus.
En el informe que maneja la MUD, quienes contabilizan 170 detenciones, destacan la represión de los cuerpos de seguridad en Caracas, Maracay, Valencia, Mérida, San Juan de los Morros, Maracaibo y San Cristóbal. En la capital de Zulia contabilizan hasta ahora 37 detenciones, todos, sin embargo, han sido dejados en libertad. Hoy precisamente el diputado Miguel Pizarro, prevé mostrar “evidencias” sobre las agresiones de la Guardia Nacional.
La vivencia
El abogado José Vicente Haro también ha prestado apoyo a los detenidos, en conjunto otro grupo de juristas independientes. Denuncia el caso de Joshua Pérez, Manuel Sanz, Rafael Pacheco y Raúl Eduardo Ayala, detenidos tras la marcha del 12 de febrero y presentados ante el Tribunal 22 de Control de Caracas. Aunque quedaron con régimen de presentación, y son juzgados por los delitos agavillamiento, daño violento a patrimonio público e instigación pública, afirma que fueron torturados con electricidad por sus captores.
La mayoría de las detenciones que se realizaron en Caracas en los días iniciales de la protesta fueron a jóvenes que se encontraban tomando fotografías y videos, de acuerdo con las versiones que recogió Haro. Incluso dos reporteros gráficos, uno de nacionalidad portuguesa, fue detenido: “En este caso, da el testimonio de que recibió tanto golpes, que quedó inconciente. Despertó esposado en una celda”, relata el abogado.
Entre los detenidos en el CICPC fue general la denuncia de violaciones a los DDHH, pues fueron víctima de agresiones físicas y verbales. Una de las jóvenes detenidas habría sido arrastrada por el cabello hasta la sede de la Policía, sin recibir luego asistencia médica, relata Haro. “Varios menores de edad también fueron detenidos, lo que implican violaciones a la Lopnna, porque eran constantemente humillados y etiquetados por los custodios”.
El miedo no denuncia
Ligia Bolívar, activista del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que han decidido resguardar los nombres de los casos de tortura para preservar la dignidad de los afectados. Aclara, sin embargo, que en este tipo de prácticas se incluyen no solo el maltrato físico, sino también el psicológico. “Esto va mucho más allá de la brutalidad policial que hemos visto en las imágenes de los reporteros gráficos. Hay muchos muchachos que están amenazados, que no desean declarar”.
Entre los primeros detenidos que se produjeron en Caracas tras la marcha del 12 de febrero, recuerda Bolívar, hubo una constante: fueron intimidados por los funcionarios policiales, amedrentados con la idea de que iban a ser acusados por terrorismo. Además, fueron “ruleteados” entre varios centros de reclusión, lo que dificultó el trabajo de los defensores y los familiares. “Se les incomunicó. A todos, como patrón, le quitaron los celulares para revisarlos”.