Una de las caras más terrible de la crisis que vive Venezuela es la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos. Antes de entrar en detalles debo recordar que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, o sea que hoy o mañana los responsables de tales atrocidades pueden ser castigados en cualquier parte del mundo.
Eso nunca deben olvidarlo los protagonistas de la brutal represión oficial. No importa que cumplan órdenes, porque eso no los exonerará cuando algún día, espero que sea muy pronto, todos los responsables estén frente a un tribunal imparcial y justo que evalúe sus comportamientos en estos días aciagos para el país.
Si sólo tomamos en cuenta los más de 10 fallecidos, 137 lesionados y los más de 89 detenidos por estas protestas, hasta que escribía este artículo, estamos viendo las cifras que más resaltan y los hechos que más lamentamos. Pero debajo de eso son muchas más las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en esta crisis.
Comencemos con quienes emiten las órdenes de reprimir la protesta sin importar las características de la misma. El ordenar reprimir con armas de fuego prohibidas por la Constitución es un delito. El hecho que hayan sacado a las calles a funcionarios de inteligencia, el Sebin por ejemplo, para castigar a quienes protestan, también es un delito.
El mismo hecho que se haya prohibido cualquier tipo de protesta, sin haber suspendido las garantías constitucionales siguiendo los pasos que determina la ley, es otro delito. Las manifestaciones en Venezuela son legales y no hay que pedir autorización, sino notificar a las autoridades su realización.
Pero hay algo peor en la actuación de quienes supuestamente dan las órdenes. Usar grupos paramilitares o parapoliciales encarnados en los llamados “colectivos” para sembrar el terror en las manifestaciones es un gravísimo delito. Esos civiles por muy amigos del proceso que sean, no pueden usar armas que están reservadas al Estado y mucho menos pueden actuar a bordo de motos y acabar a tiros cualquier manifestación.
Ya son demasiados los hechos en los cuales las bandas armadas del Gobierno salen a reprimir. Aquí en Maracaibo ya ocurrió en varias ocasiones y lo peor es que al mando de esos grupos de mercenarios han estado funcionarios públicos que más bien deberían estar garantizando los derechos de los ciudadanos.
Ahora vamos con los que cumplen las órdenes. Ellos saben que no pueden usar armas prohibidas en el control del orden público. Aquí se ha usado todo el poder de fuego de los cuerpos de seguridad para impedir que el pueblo salga a mostrar su preocupación y reclamo ante la crisis general que vive el país.
Pero no sólo han violado los derechos humanos con el uso excesivo de la fuerza, sino que a las personas detenidas, en su mayoría estudiantes muy jóvenes, los han torturado y hasta hay un caso de un joven de Barquisimeto que denunció como un supuesto militar venezolano, lo violó con su fusil.
La exagerada militarización del estado Táchira para castigar a los ciudadanos cansados de tanto maltrato, es otro delito. Callar a los medios de comunicación para intentar ocultar la verdad, es otro delito muy grave esta vez contra la libertad de expresión.
Afortunadamente en tiempos de redes sociales y avanzada tecnología, nada de eso puede ser escondido. Interesante la labor que a la calladita realizan varias organizaciones no gubernamentales que están documentando todas estas violaciones a los derechos humanos.
A los responsables de estas atrocidades recuerden: los delitos de lesa humanidad no prescriben y algún día pagarán por sus actuaciones.