La incertidumbre es moneda común en todo el circuito automotriz: mientras las ensambladoras, comercializadoras, importadoras y autopartistas lidian con la escasez de divisas en el sector; los compradores se las ingenian para hacer frente al constante aumento de precios de los vehículos automotores y a la proliferación de vendedores al margen del mercado. eltiempo.com.ve / A. Rodríguez / Gavidia
Aunque en reiteradas oportunidades el Gobierno de turno ha hecho públicas sus intenciones de poner coto a las distorsiones y acabar con la debacle productiva que, desde hace por lo menos dos años, enfrenta el sector automotriz, las medidas anunciadas para regular y controlar el proceso de comercialización: Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Terrestres, Nuevos y Usados Nacionales o Importados y el decreto 625, se han quedado a medio camino.
Desde hace casi siete meses la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Terrestres permanece en el limbo jurídico y tanto a compradores como a representantes del sector están a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Pese a que el texto legal fue sancionado por el parlamento el 13 de agosto de 2013, aún no ha sido promulgado por el presidente Nicolás Maduro, por lo que no ha entrado en vigencia.
Según el artículo 214 de la Constitución, una vez que el jefe de Estado recibe el texto, debe promulgarlo (firmar el ejecútese) dentro de los 10 días siguientes. El lapso puede extenderse en caso de que el Ejecutivo tenga alguna objeción, pida modificar alguna disposición de la ley o solicite al parlamento levantar la sanción. Sin embargo, nada de esto ocurrió.
La legislación pretende normalizar y ejercer control sobre los elevados precios que se han registrado en el país en los últimos años, regulando desde la publicación de costos de vehículos nuevos y usados en las páginas web, hasta las listas de espera en los concesionarios. No obstante, desde la aprobación de la normativa el circuito automotriz no ha dado signos de mejoría.
En todo caso, la situación parece agravarse cada vez más: las ensambladoras privadas afiliadas a la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) registraron una caída de 84,78% en su producción en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2013.
El silencio gubernamental respecto a la normativa aún no promulgada ha sido y es hasta la fecha sepulcral. Pero eso no impidió que el pasado 3 de diciembre Maduro firmara el decreto N° 625 -publicado en la Gaceta Extraordinaria 6.117-. El documento de 22 artículos fue emitido con el propósito de regular los precios de los vehículos y equilibrar el mercado automotriz. En el texto el Ejecutivo estableció un lapso de 20 días para hacer el respectivo ajuste en los costos de los 114 modelos de automóviles, autobuses y camiones que se comercializan en el país y anunciarlos al público.
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