A más de un mes del inicio de las protestas en Venezuela, la justicia tiene aún decenas de privados de libertad, “violando”, según los parlamentarios Stalin González y Miguel Pizarro, “el debido proceso y toda norma constitucional del país”.
Así lo afirmaron desde la sede municipal de la Policía de Chacao, donde por órdenes de los tribunales mantienen retenidos a Damián Martín, Marcos Coello, Cristhian Holdan, Néstor Gil, Luis Boada y Ángel González, seis de los primeros aprehendidos en las protestas estudiantiles iniciadas el pasado 12 de febrero.
El Diputado Stalin González manifestó que han acompañado tanto moral, como psicológica y judicialmente a estos jóvenes víctimas de los excesos de la justicia venezolana que de manera indiscriminada actúa sobre ellos; “las acusaciones que rezan en sus expedientes como resistencia a la autoridad y el cierre de vía no deben legalmente ser causas de privación de libertad, pero además les imputan hechos de terrorismo y asociación para delinquir logrando así la excusa perfecta para mantenerlos bajo rejas de forma injustificada y engañosa”.
Para González lo que está pasando en el país con las detenciones ilegales de estudiantes y civiles es “un proceso duro”, pero las investigaciones de los casos es también un trabajo conjunto que están llevando a cabo entre distintas ONG´s, La Comisión de DDHH de la MUD y Diputados de la Alternativa Democrática, “recopilando cada información, cada detalle, cada hecho para seguir exponiendo los casos y millones de denuncias a la comunidad internacional”.
El parlamentario instó al pueblo venezolano acompañar esta lucha contra la represión gubernamental. “Nosotros seguiremos en este trabajo de acompañamiento, búsqueda de la verdad y presentación de pruebas a nivel internacional sobre los casos de excesos que hoy presentan los cuerpos de seguridad del Estado contra el pueblo venezolano, aupados a demás por las instituciones que debieran defender a los ciudadanos sin distingo ideológico-político; entre ellos la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los Tribunales de Justicia, este último que presenta un retardo procesal de más de 60%, pero en el último mes, durante las detenciones de estudiantes y civiles comunes, la celeridad ha sido asombrosa al dar respuesta en menos de 24 horas”.
Por su Parte, el Diputado Miguel Pizarro, explicó que los detenidos que vistan el día de hoy se encuentran privados de libertad aún sin sentencia sobrepasando los 45 días de investigaciones.
En el lugar afirmó que cuatro de estos jóvenes, “quienes están detenidos desde el pasado 12F en muy duras condiciones, se enfrentaron, y así lo declararon ante los tribunales, a violaciones extremas de sus derechos humanos por estar bajo regímenes de torturas y maltratos inhumanos, pese a que el Gobierno pocos meses atrás aprobó de forma unánime una Ley contra este tipo de excesos y vejámenes a los que ha expuesto, no sólo a estos muchachos que hoy visitamos, sino a más de 1600 procesados y más de 100 privados de libertad en el último mes de protestas”.
El parlamentario dijo que entre las intimidaciones psicológicas y físicas perpetradas a estos muchachos, ellos sostienen “haber sido amenazados de incendiarlos vivos al ser rociado con gasolinas sólo para conseguir una confesión de cosas que no habían hechos. A otros los obligaron a limpiar sus heridas, perpetradas por efectivos de la GNB, con alcohol; y uno de ellos salió de la sede del CICPC con fisuras en tres de sus costillas por golpes recibidos con un bate para obligarlo también a firmar confesión de hechos no ejecutados por la persona”.
Pizarro agregó que estos jóvenes privados de libertad en PoliChacao por órdenes de los tribunales, “fueron de los primeros reportados como desaparecidos, púes luego de más de doce horas de búsqueda por parte de sus familiares quienes no sabían de su paradero, pudieron ser localizados en el CICPC de Carabobo alrededor de las 4 am del 13 de Febrero, donde junto a unos fiscales tuvimos que hacer la lista a manos de los detenidos que allí se encontraban”.
Nota de prensa