El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa rechazó los interrogatorios de los que han sido víctimas periodistas, por parte del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con la intención de tratar de obtener las fuentes informativas de los comunicadores.
Marco Ruiz, secretario general del SNTP, advirtió que estas acciones del CICPC se llevan a cabo al margen de la Constitución, la cual establece en su artículo 28 que “queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística”.
Recordó a los colegas que la Ley de Ejercicio del Periodismo señala en el artículo 8 que “el secreto profesional es derecho y responsabilidad del periodista. Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos de los cuales haya tenido conocimiento en el ejercicio de la profesión”.
El dirigente sindical denunció que cuatro comunicadores han sido sometidos a interrogatorios sobre informaciones publicadas en los medios donde trabajan o en sus cuentas personales de Twitter.
El primer caso fue el periodista Deivis Ramírez, citado e interrogado por el CICPC el día 11 de marzo, por la información divulgada sobre los hechos de violencia ocurridos en Los Ruices.
“¿Qué clase de ‘citación en calidad de testigo’ es esa, en la que los funcionarios llegan a la redacción de un periódico y se llevan a unos periodistas?”, cuestionó Ruiz respecto al procedimiento llevado a cabo contra Daniel Murolo y Ronald Gil, del diario La Región de Los Teques, este lunes.
Murolo y Gil fueron interrogados por el CICPC durante cuatro horas, con la intención de intentar obtener las fuentes informativas que les suministraron datos sobre el asesino de la intérprete de señas de Venevisión, Adriana Urquiola.
Además, este martes la periodista Altagracia Anzola fue sometida a dos interrogatorios por el mismo caso.
El secretario general del SNTP alertó que estas actuaciones del CICPC lo que buscan es imponer censura en los medios de comunicación y generar inhibición en los trabajadores de la comunicación al momento de publicar informaciones sobre hechos de interés público, por la posibilidad de ser sometidos a interrogatorios o, incluso, procedimientos judiciales.
Finalmente, Ruiz detalló que desde el pasado 12 de febrero, funcionarios del CICPC han sido responsables de 4 detenciones, 3 agresiones físicas y 3 robos contra trabajadores de la prensa durante las coberturas de las protestas que se desarrollan en el país.