“Inconstitucional y violatoria de derechos de venezolanos”, así califica el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, la Providencia Administrativa de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda publicada en Gaceta Oficial 40.382, y por lo tanto llamó al Gobierno a rectificar.
La Providencia renueva la disposición transitoria quinta de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que habla de la venta a los inquilinos de inmuebles alquilados durante 20 años o más en edificios dispuestos para el arrendamiento; la diferencia es que lo que en la Ley era una preferencia de venta en la Providencia se convierte en una obligación que de ser incumplida genera graves sanciones que implican una confiscación –2.000 U.T. de multa por cada apartamento no ofertado, penalización que aumenta al doble si hay reincidencia, lo que puede incluso superar el costo del apartamento–.
Este escenario, dice Martini Pietri, violenta el derecho de propiedad privada tal como lo establece la Constitución en su artículo sobre la libre disposición de los bienes e incrementa la desconfianza y la anarquía entre los arrendadores y los inquilinos.
“Se está arrebatando a los propietarios el fruto de su trabajo honesto y enriquecedor, pues los propietarios de edificios destinados desde hace 20 años o más al alquiler se ven obligados a renunciar a su patrimonio a cambio de un precio que sería fijado por la Superintendencia de Arrendamiento y que no tiene relación con las realidades económicas del país, y podemos prever que eso será así porque aún están pendientes muchas actualizaciones de cánones de arrendamiento que el Gobierno no ha podido resolver, además de que tampoco se han resuelto conflictos arrendaticios en los que se ha hecho prácticamente imposible recuperar el inmueble para un propietario a pesar de que el inquilino no cumpla sus obligaciones”, explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Agregó que si desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos la oferta de alquileres disminuyó, esta Providencia tendrá como resultado más evidente limitar aún más las opciones de alquilar en Venezuela, pues el Estado venezolano no construye para alquilar, y “nadie invertirá en estas condiciones”.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela aseguró que esta Providencia pone en entredicho el diálogo económico y las mesas gubernamentales de paz. “Lo que están haciendo es muy contradictorio: primero nos llaman para dialogar sobre cómo recuperar el mercado de alquileres y aumentar la producción de viviendas, se hacen sugerencias que van encaminadas a fomentar la inversión, el fortalecimiento de la propiedad privada y la recuperación de la oferta de alquileres, incluso se propuso concretamente una fórmula para recalcular los cánones de arrendamiento de acuerdo a las realidades económicas, y ahora se publica una Providencia que profundiza los problemas del país”, manifestó el vocero inmobiliario.
En opinión de Aquiles Martini Pietri el decreto radicaliza los conflictos arrendatarios. “¿Es esta la forma en que se va a lograr una solución satisfactoria entre propietarios e inquilinos? Yo no pienso que sea así. Para que la gente tenga más acceso a la vivienda debe construirse más y ofertar más, no atacar a los pocos que tienen algo que ofertar. Misión Vivienda difícilmente ha superado el 1% de su meta de 2014, el año pasado tampoco cumplió con sus proyecciones de construcción, además de eso, se registra escasez de muchos rubros elementales para todos los venezolanos, y no se han resuelto problemas graves como la inseguridad y el desempleo, y en medio de todo esto, el Gobierno insiste en encarar los problemas con resoluciones que en esencia consisten en favorecer a unos venezolanos perjudicando a otros de forma arbitraria”, añadió.
A los inquilinos que piensan que esta medida los favorece, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela les hace un llamado de reflexión. “¿Cómo se sentiría usted, amigo venezolano, si el día de mañana con mucho esfuerzo logra reunir lo suficiente para tener una vivienda secundaria o un negocio para alquilar, y sale una providencia que congela el canon de arrendamiento, y más que eso, lo obliga a vender su inmueble a un precio que no tiene ninguna relación con lo que usted invirtió? Los venezolanos tenemos derecho de propiedad y a una vivienda digna, y un derecho constitucional no puede ponerse por encima de otro”, afirmó.
Nota de prensa