En ocasión de esta circunstancia, como ha quedado fehaciente demostrado en el caso de Chile, el éxito en la implementación de acciones orientadas a minimizar las potenciales pérdidas tanto materiales como humanas, está íntimamente relacionado al establecimiento en el “antes” de políticas de estado que incorporan la prevención, la mitigación y el fortalecimiento de la cultura institucional y ciudadana ante las posibles emergencias; esto implica el establecimiento de manera concertada de normas de construcción, criterios de planificación del desarrollo, de ordenamiento del territorio, de uso de los suelos, de educación, etc., en base a la evaluación de la variable del riesgo sísmico imperante en la región y a las condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
En el caso de nuestro país, aún valorando el particular esfuerzo de instituciones como Funvisis, Bomberos y Protección Civil en materia de prevención, debemos tener presente, que en medio de la crisis de gobernabilidad existente en Venezuela, y ante los problemas de escases de insumos fundamentales, las precarias condiciones de los servicios públicos de salud, y la limitada capacidad operativa de los organismos encargados de la respuesta ante situaciones de emergencias vinculados a amenazas tales como sismos, inundaciones, incendios, etc., debemos agregar a la existente vulnerabilidad social y física, las limitaciones que imponen los desencuentros políticos y sociales actuales.
Me resulta sumamente preocupante el imaginarme como será posible el lograr la necesaria actuación coordinada de las instituciones públicas nacionales, estadales y municipales en la respuesta ante emergencias, si estas mismas instancias del poder público no son capaces de concertar planes y programas comunes en condiciones normales.
Como podrán ser eficiente y tener éxito en la atención de situaciones de desastres, cuando las instituciones y entes vinculados no han establecido previamente una adecuada preparación conjunta que vincule a cada uno de los organismos y autoridades responsables (en todos los niveles de gobierno), pues en lo cotidiano se consideran adversarios y hasta enemigos, por cuestiones ideológicas o de militancia política.
Es lamentable evidenciar que la actual situación de diatriba política llevada al interior de las instituciones, además de no corresponderse con el mandato constitucional en materia de protección y seguridad ciudadana, se constituye en un elemento que incrementa las condiciones de vulnerabilidad y agranda el rango de las limitaciones a que nos enfrentaremos a la hora de garantizar el derecho a la vida y el bienestar de todos los ciudadanos en caso de desastres.
@Angelrangels