El presidente del Cabildo Metropolitano y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, Máximo Sánchez, solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, iniciar una investigación al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y Alfredo Berríos Pardo, firmante de la Unidad Ejecutora del Proyecto para la compra de 33 cámaras de tele-vigilancia, dentro del contexto de la Operación Lupa que adelanta Primero Justicia en el ámbito nacional.
Sánchez aseguró que dicha investigación se debe realizar para evidenciar presuntos hechos de corrupción cometidos por Torres y Berríos, manifestando que “desde el año 2013, en Cadena Nacional se prometió la adquisición de un monto de Tele cámaras de Vigilancia para el Área Metropolitana de Caracas con la finalidad de aumentar los niveles de seguridad a través del Plan Patria Segura, sin embargo vemos con preocupación que en el informe de Gestión del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aparece que en efecto el proyecto fue asignado de manera ordinaria (por medio del Ejecutivo Nacional) y además se asignaron otros recursos por vía Crédito Adicional (mediante la aprobación de la Asamblea Nacional), que no fueron destinados para los fines determinados, es decir, no se realizó la compra de dichas cámaras, tal como se estableció en el proyecto, pero si se gastó el dinero”.
Reiteró que el 86,94% del presupuesto fue gastado sin adquirir ni una sola cámara “estamos hablando que para este proyecto se tenía destinado 4 millones de bolívares por fuentes ordinarias y 12 millones 151 mil 120 bolívares con 74 céntimos, sumando un total de 16 millones 151 mil 120 bolívares con 74 céntimos para adquirir 33 tele cámaras, donde se gastaron 14 millones 042 mil 020 bolívares con 55 céntimos y no compraron ni una sola cámara”.
Enfatizó que según el informe emitido por el despacho de Torres “se detalla que no lograron la meta porque utilizaron los recursos para otras fallas que presentaban tanto en ese departamento, como para la incorporación del departamento 171 a esa corriente, lo que nos hace suponer que desviaron los fondos para otros proyectos sin solicitar permisos y rectificaciones al presupuesto”.
Máximo Sánchez resaltó que en la declaración de Torres, que se encuentra en el archivo de Memoria y Cuenta del año 2013, específicamente en la página 40, Torres afirma que no se adquirieron las 33 cámaras de tele-vigilancia debido “al proceso de integración del Centro al Servicio de Emergencia 911; por ello sólo se habilitaron cinco (05) cámaras que se encontraban inoperativas desde su instalación, adicionalmente se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 138 cámaras de tele vigilancia, el cual se llevó a cabo cada seis (06) meses, generando un aumento de su vida útil. Debido a las fallas que vienen afectando la estructura y el buen funcionamiento del ambiente laboral del Centro se hizo necesario reorientar los recursos para resolver tales situaciones como la reparación de las tuberías de aguas servidas y aguas blancas, reparación de los aires acondicionados y adquisición de compresores y mobiliarios, lo cual representó un obstáculo durante el ejercicio fiscal 2013”.
Sánchez hizo un llamado a la Fiscal General para que haga cumplir la Constitución, y enfatizó que “con la Operación Lupa que adelanta Primero Justicia van a continuar revisando e investigando los proyectos aprobados por el Ejecutivo nacional con el fin de constatar que los recursos aprobados hayan sido utilizados para la ejecución de los proyectos, en este sentido invitó a los venezolanos a dejar sus denuncias en la página www.OperacionLupa.com”.