“Descargas eléctricas, amenazas de abusos sexual, robo y destrucción de pertenencia, amenaza de muerte, compartir con presos comunes, no permitir ir al baño, impedimento a tomar agua y arrodillarse sobre alcantarillas, son solo algunas de las medidas que aplican los Cuerpos de Seguridad del Estado, a los manifestantes detenidos en dos meses de protestas. Esto sin duda representa el mayor récord histórico de tortura en la historia del país”, denunció el Subsecretario General Nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, Cipriano Heredia.
Ante estos hechos el Diputado al Consejo Legislativo de Miranda, aseguró que la respuesta seguirá siendo la movilización en las calles de Venezuela. “Si el régimen cree que con estas acciones van a amedrentar al pueblo, asustar a los estudiantes y meter en sus casas a quienes estamos dando la lucha por restablecer los valores democráticos, se equivocaron porque no permitiremos que nos inmovilicen para que ustedes se atornillen -al estilo cubano-, en el poder”.
Elenis Rodríguez, activista de Derechos Humanos de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (FUNDECI), también coincide que “en Venezuela sí se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Además agregó que al usar sustancias tóxicas y armas de fuego durante las manifestaciones, se quebranta el artículo 68 de la Constitución Nacional.
En su participación en el foro conversatorio “La grave situación de los DDHH en la Venezuela de hoy”, Rodríguez, denunció la presencia de colectivos armados infiltrados en las manifestaciones, en este sentido, hizo un llamado a la población a no dejarse persuadir por personas ajenas quienes “nos les importa la democracia ni el derecho a la vida pretendan desestabilizar las manifestaciones”.
Recordó que estas protestas que comenzaron el 12 de febrero las cuales se han mantenido por más de 70 días en las calles son “por el alto índice de inseguridad, el desarme de los colectivos violentos y el rescate del hilo constitucional sistemáticamente violado durante estos últimos 15 años”.
Por su parte, el abogado y activista de Derechos Humanos, Antonio Rosich, alertó que en 70 días de protestas “el Estado ha vulnerado los derechos fundamentales de los venezolanos reconocidos en la Constitución y en los principales tratados universales”, no obstante, su llamado es a seguir en la lucha por el acato a estos convenios. “Los venezolanos tenemos que estar muy claros de que el derecho a protestar no lo podemos negociar ni ceder de ninguna forma”.
Asimismo, criticó que en unos de estos procedimientos fue detenido el activista de Derechos Humanos, Marcelo Crovato, quien se presentó en Chacao ante el llamado de una persona quien necesitaba asistencia ante un allanamiento ilegal. “A este abogado no solo se le desconoció el ejercicio de su profesión, también fue detenido de forma arbitraria y está por ser presentado ante los tribunales penales de la República, hecho que debe prender todas las alarmas de las ONG en materia de DDHH, en Venezuela y el mundo”.
Diálogo en términos de igualdad
Antonio Rosich, manifestó sus objeciones con respecto al diálogo entre algunos representantes de la MUD y el Gobierno. Cuestionó que no puede haber diálogo sin igualdad ni respeto. “No se puede entablar un diálogo cuando hay agresiones en una de las partes, el que no se acepte la liberación de Ivàn Simonovis y la negativa a una Ley de Amnistía, patea la posibilidad que nos permite creer en un diálogo franco. Es necesario un diálogo sincero y verdadero, en el que se reconozca al adversario y se logre la recomposición pacifica en términos de unión verdadera y fraterna entre todos los venezolanos”, subrayó el activista de Derechos Humanos.
Con respecto a la posición que ha tomado la Defensora del Pueblo, ante las denuncias de represión, Rosich, aseguró que amparar a la ciudadanía ante hechos de violencia y tortura por parte de los órganos de seguridad del Estado, “no es solo una función que deben realizar los activistas de DDHH, es el deber legal y constitucional de la Defensora del Pueblo y la Fiscal General”. Asimismo, Elenis Rodríguez, manifestó que la Defensora del Pueblo “debe desprenderse de su ideología política y defender los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos como lo establece la Constitución”. Por su parte el dirigente de ABP, se cuestionó “si estas funcionarias pueden tener la conciencia tranquila al saber que han incumplido con su deber”.