El incremento de 30% del salario mínimo acordado por el gobierno generó escepticismo entre empresarios y analistas que temen que la medida pueda intensificar las presiones sobre la inflación y agudizar la escasez de bienes básicos, dos de los principales problemas económicos que enfrenta Venezuela.
Por Fabiola Sánchez/Associated Press
El presidente Nicolás Maduro aprobó la víspera un aumento del salario mínimo que llevará a partir del primero de mayo los ingresos mensuales de buena parte de los venezolanos de unos 519 dólares a 674 dólares.
Maduro dijo durante un acto en el palacio de gobierno que el Ejecutivo se mantendrá desplegado para defender los ingresos de los venezolanos ante “los procesos especulativos”.
Algunos analistas estiman que el incremento salarial permitirá mejorar en mayo el poder de compra de una porción importante de la población, pero consideran que el impacto será temporal porque se diluirá en medio de una galopante inflación que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%.
“Este aumento es inflacionario, al igual como lo fue el del 2013. Esto va a conllevar una aceleración de la inflación”, afirmó Heckel García, director de la firma local de análisis financiero Econométrica.
García indicó que “la recuperación del poder de compra en el mejor de los casos va a ser alrededor de 7% en mayo y se va ir perdiendo a medida que avancen los demás meses”.
El analista dijo a The Associated Press, en entrevista telefónica, que el gobierno entre sus líneas estratégicas podría tratar de controlar la inflación, tal como lo hizo a fines del año pasado, ejerciendo controles más rígidos, pero sostuvo que eso podría traer “una escasez aún mayor de la que ya hoy tenemos”.
El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, informó esta semana que el índice de escasez de productos se ubicó en marzo en 26,9%, lo que representó un retroceso respecto de enero cuando el indicador alcanzó 28%, uno de los niveles más altos desde que comenzó a difundirse el índice en 2009.
La desbordada inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia han sido algunas de las motivaciones que han movido las protestas callejeras de los últimos dos meses y medio en el país.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, afirmó que Venezuela enfrenta actualmente un contexto de “recesión con inflación” y sostuvo que cuando un aumento salarial se da en medio de ese escenario “va a presionar a las dos cosas, a más recesión y a más inflación”.
Maldonado dijo a AP que cuando el gobierno decide de manera unilateral un ajuste salarial sin tomar en cuenta “la fragilidad relativa de los estratos (empresariales) más pequeños” eso genera consecuencias.
“Algunas empresas asumirán el aumento de salario. Otras empresas tomarán la decisión de cierre. En eso consiste la recesión”, agregó.
Venezuela culminó 2013 con un crecimiento de 1,6% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del registro de 2012 que había sido de 5,6%.
El sector empresarial privado viene denunciando desde el último trimestre de 2012 que el gobierno está retrasando la venta de las divisas lo que ha generado escasez de materias primas e insumos que han afectado la producción de muchas empresas y han originado un fuerte desabastecimiento de diversos productos.
La corporación Alimentos Polar, la mayor productora de alimentos procesados del país, anunció la víspera que paralizó la producción de pastas de dos de sus marcas por la falta de trigo importado debido al retraso del gobierno en la liquidación de las divisas.
Maduro anunció la semana pasada los lineamientos de la “segunda fase de la ofensiva económica” que se centrarán en el estímulo a la producción, el abastecimiento pleno y “precios justos”.
Para estimular la producción el gobierno está ofreciendo a las empresas locales financiamientos a través del Fondo de Desarrollo Nacional y el fondo chino, y la banca pública y privada.
Algunos analistas han expresado dudas de que el gobierno, que tiene un importante déficit fiscal, pueda disponer de recursos suficientes para financiar al sector privado.
La mayor cámara de empresarios del país ha señalado que el gobierno le debe al sector privado unos 10.000 millones de dólares por obligaciones cambiarias, entre las que se incluyen las deudas pendientes con las líneas aéreas internacionales por 3.900 millones de dólares.