El Ministerio Público logró privativa de libertad para los sargentos segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Franklin Armando García López y Paola Marlene Barroso Ortiz, por su presunta vinculación con la muerte de la estudiante Geraldine Moreno Orozco, ocurrida el pasado 19 de febrero, durante una manifestación en el municipio Naguanagua, estado Carabobo.
En la audiencia de presentación, los fiscales nacionales y auxiliares 39° y 44º, Juan Carlos Tabares, Humberto Ordaz, y Héctor Alvarado; Rubén Pérez y Yolanda Carrero, respectivamente, junto con la 28° de Carabobo, Karoly Montero, imputaron a ambos efectivos castrenses.
Así, a García López se le imputó por la presunta comisión de los delitos de autor material en el homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
En cuanto a Barroso Ortiz se le imputó por la presunta comisión de los delitos de cómplice no necesario en homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Una vez que fueron analizados los elementos de convicción presentados por la representación del Ministerio Público, el Tribunal 6º de Control del estado Carabobo, dictò medida privativa de libertad contra ambos militares.
De acuerdo con la investigación preliminar, la estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, se encontraba en horas de la noche en el sector Tazajal en Naguanagua, cerca de una manifestación, cuando recibió varios impactos de perdigones, hecho que le causó la muerte poco después en un centro de salud del estado Carabobo.
Vale destacar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó el pasado lunes 05 de mayo en un programa de televisión que fue el propio comandante general de la GNB, mayor general Justo Noguera Pietri, quien puso a la orden del Ministerio Público a los efectivos.