Foro Penal advierte de tratos crueles contra jóvenes en Bolívar

El Foro Penal Venezolano (FPV) lleva un registro de las detenciones que han ocurrido en el país desde el 4 de febrero relacionadas con manifestaciones de calle. Su director, Alfredo Romero, estuvo de visita en el estado Bolívar para intercambiar observaciones sobre lo que acontece en Venezuela, y recibir denuncias de nuevas víctimas de agresiones, publica Correo del Caroní.

La cifra de detenciones en todo el país supera los 2 mil 800 detenidos, incluidas las aprehensiones de activistas de Derechos Humanos, como ocurrió con Rodrigo Diamanti, de Un Mundo sin Mordaza. Del total 147 ocurrieron en el estado Bolívar,

Diálogo Gobierno-MUD Una de las exigencias que ha hecho el Foro Penal Venezolano es el establecimiento de mesa de reconocimiento del conflicto, para que pueda existir un diálogo eficaz. De hecho, Alfredo Romero puntualizó que presentaron una carta a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como también solicitaron una reunión con el Vaticano, Defensoría del Pueblo y Fiscalía, insistiendo en que el elemento fundamental para un diálogo es el reconocimiento de que existe un problema. ¿Pero el Gobierno reconocerá el conflicto? Romero considera que no, al menos por el momento, considerando que el diálogo no ha dado resultados positivos, en el sentido que “el Gobierno no ha reducido las agresiones, más bien las ha aumentado”.

Pero lo que más llama la atención del Foro Penal son sus registros de más de 80 casos de torturas, tratos crueles e inhumanos verificados tan sólo en el estado Bolívar, hecho que califica Romero como de extrema gravedad, llamando la atención que “cada detenido ha tenido una agresión”.

El director del FPV recalcó que han insistido ante la Fiscalía del Ministerio Público para que se obtenga justicia en todos estos casos, que también han sido llevados ante la Defensoría del Pueblo, a fin de determinar la responsabilidad de los agresores.

Asimismo reclaman la intervención de los cuerpos de seguridad, a efectos de llamar la atención a sus funcionarios para detener las agresiones, acotando que quienes no lo hacen terminan siendo cómplices del delito, especificando que si la tortura de la persona se da estando bajo custodia pudiera tener una pena de 15 a 20 años de cárcel, y sin la custodia de 13 a 23 años de prisión.

Hasta ahora, Bolívar es el estado donde se han registrado más casos de denuncias por agresiones durante las detenciones.

Múltiples casos
Romero se refirió al joven Asperger, Xavier Beckles, con quien tuvo la oportunidad de conversar durante su estancia en la clínica.

Destacó que por la tortura y humillación que recibió este joven, debe aplicarse “la mayor sanción contra todos los funcionarios que participaron en la detención”, acotando que la juez conocedora de la causa también tiene responsabilidad en el hecho, al no denunciar y actuar al respecto, a sabiendas de la condición especial de Beckles.

Pero así como el caso de Xavier tuvo un gran impacto regional y nacional, Romero señaló otros casos que han llamado la atención por los abusos cometidos por parte de funcionarios militares, como ocurrió con una joven de 17 años de edad, quien fue objeto de actos lascivos; otra menor de edad obligada a comer excremento, y la agresión a Kevin Bejarano, quien recibió un disparo de bomba lacrimógena en la cara.

Según acta policial, “más del 90 por ciento de los detenidos son personas que han manifestado pacíficamente”.

No caer en el abismo
Las ONG han denunciado la criminalización de defensores de DD HH, aun así en la noche del miércoles fue detenido Diamanti, hecho que implica una amenaza para los activistas del FPV.

Romero manifestó que han acudido a diferentes instancias, mas exhortó a “no caer en el abismo de pocos, que quieren hacerlos caer”, asumiendo que al final todas estas acciones se revertirán, aunado a las irregularidades que se vienen cometiendo, como las denuncias sobre la utilización de civiles “que fingen un secuestro y luego resulta que las personas están detenidas”.