En algún momento al presidente Maduro le debe haber pasado por la cabeza lo difícil que debe ser gobernar un país en crisis basado solo en el manual de las mentiras cuando todos los que hacen vida ciudadana son “picados de culebra” por obra del presidente anterior, o lo escabroso que está resultando para su gobierno cada episodio de trapos rojos, falsos positivos, peines mal colocados, escenarios simulados y espionaje chimbo de sus adláteres de inteligencia bajo las órdenes del G-2 cubano, viejos despojos de la guerra fría, sobre todo ahora cuando la mayoría de los venezolanos vienen reaccionando cada vez con mayor decepción y furia por la forma tan perversa y cínica como son manipulados los acontecimientos y se disfrazan las realidades.
Por ejemplo, Maduro no solo atropella y viola el sagrado derecho consagrado en la Carta magna a protestar y discernir que tienen nuestros estudiantes venezolanos, hijos de cada madre y padre de este país, que esperaban pacientemente desde sus carpas una respuesta sobre su futuro y sobre las libertades democráticas de la mayoría ciudadana que han sido malbaratados, sino que arremete contra ellos intempestivamente con un odio desmedido y cruel cuando la nación dormía, utilizando a los grupos paramilitares motorizados y efectivos de la exFANB, hoy devenida en guardia pretoriana de un gobierno extranjero, para presentarlos al final del día como viles mercenarios y terroristas a los que se le hallaron “drogas, explosivos, armas y dólares en fajos”, -faltaron los pasaportes de distintos países al estilo de la CIA hollywoodense-, para someterlos al escarnio público y pretender dar una matriz de opinión de que nuestros jóvenes carecen de objetivos civiles y son mercenarios que dejaron atrás sus carreras para recibir financiamiento en moneda extranjera en beneficio de un imperio, en todo caso distinto al chino y al cubano.
No contentos con semejante acusación, el presidente de esta patria señala con toda seriedad que a los estudiantes detenidos les incautaron “armas que están involucradas en gente que está herida y en algunos muertos”, es decir que ahora resulta que en este país al revés es posible conseguir más armas incriminadas por homicidios en un “campamento por la libertad” que en todas nuestras cárceles venezolanas, y que el emporio de asesinatos que hace de Venezuela el segundo país con mayor número de crímenes, está en nuestras universidades y no en las bandas delictivas que se han apoderado inocentemente de las calles de nuestro país.
Justamente son estas aseveraciones las que demuestran la poca voluntad que tiene el gobierno para que nuestro país pueda alcanzar la paz y su poca disposición a entender que no es con la imposición obligada del comunismo, a través del “plan de la patria”, rechazado en unos comicios democráticos en el 2007, y de la sumisión de todo un país, como se va a lograr un entendimiento que pueda sacarnos de este atolladero en el que nos encontramos atrapados con muy poco oxígeno y tiempo para resolver el tema económico.
¿Qué tipo de diálogo podemos tener con un gobierno que te dice algo por la mañana y a medianoche desata una ola represiva? ¿Qué tipo de buena fe podemos esperar de un gobierno que llama terroristas y asesinos a sus estudiantes y sin argumento y prueba alguna los tortura con métodos atroces, principalmente a los menores, para que confiesen que forman parte de un plan para derrocar el régimen de Nicolás Maduro financiado por los anticastristas de Miami y la oposición? ¿Por qué los escenarios presentados por el ministro Rodríguez Torres para inculpar a los estudiantes y manifestantes son tan telenoveleros? ¿Quién secuestró a Nairobi Pinto? ¿Quién mato a Juancho Montoya y a Eliecer Otaiza? ¿Cuál Ministerio Público responde por los estudiantes muertos durante las protestas? ¿Por qué arman expedientes por Fiscalía a quienes protestan tratando de demostrar desesperadamente una supuesta conspiración internacional, cuando el mundo ya tiene las pruebas en directo de lo que está pasando en el país desde las redes sociales y la internet? ¿Por qué en Venezuela solo hacen allanamientos sorpresivos a campamentos de estudiantes y no a los grupos y colectivos armados que buscan acabar con las universidades? ¿A quién le conviene una guerra civil y destruir el país matando a sus estudiantes? ¿A dónde van los desaparecidos?
Ya advirtió recientemente el rector de la atacada UCAB, José Virtuoso, “que la violencia del Estado puede generar un conflicto mayor; es decir, una respuesta violenta por parte de quienes son agredidos. La obligación del Estado es proteger y garantizar la vida”.
Cifras del Foro Penal han revelado que 2.000 personas han sido detenidas o procesadas judicialmente, más de 1.300 jóvenes se encuentran aún detenidos por participar en las protestas, hay 48 casos de tortura, 460 heridos por perdigonazos o disparos a quemarropa, 32 muertos, mientras la fiscal Luisa Ortega Díaz recientemente endosó tales responsabilidades a los estudiantes por salir a protestar.
@damasojimenez
www.damasojimenez.com