El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, denunció hoy que la organización que dirige es víctima de difamación, amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios del Estado venezolano.
“El trabajo que hemos realizado de monitoreo y denuncia sobre lo que sucede en las cárceles venezolanas nos ha costado que en reiteradas ocasiones funcionarios del Estado nos difamen, amenacen, hostiguen y hasta fomenten nuestra persecución”, dijo Prado en una rueda de prensa junto a representantes de otras organizaciones.
El OVP, dedicado al seguimiento de la situación del sistema penitenciario, ha sido señalado en varias ocasiones por las autoridades venezolanas de estar detrás de un supuesto plan para crear desestabilización en las cárceles venezolanas y crear una sensación de “ingobernabilidad” del Estado.
El ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez Torres, acusó en días recientes a Prado de promover huelgas de hambre en las cárceles que guardarían relación con los hechos de violencia que vive el país.
Para el director del OVP, la crisis, que dice, viven las cárceles venezolanas son producto de los problemas del sistema penitenciario y no de alguna injerencia externa.
“Las cárceles son el reflejo de lo que está pasando en el país (…) hay espacio para 18.000 (presos) y hay 53.000; hay 32.000 presos de más, hay 320 % de hacinamiento, hay una crisis dentro de las cárceles continua y sostenida”, dijo.
“Exijo al Estado que respete la labor que ejercemos como defensores de los Derechos Humanos y que sus funcionarios dejen de vincularnos a planes de conspiración”, sentenció Prado.
Durante la rueda de prensa, el coordinador del Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el sacerdote Raúl Herrera, consideró que hay una “sistemática persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela”.
“Este tipo de acciones se generan porque a quienes ostentan al poder les resulta incómodo (…) que se publiquen informes sobre la situación penitenciaria de Venezuela, situación que lejos de dignificar a la persona evidencia una grave y constante vulneración de derechos Humanos de la población reclusa”, indicó Prado.
Otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos, como Provea y el Foro Penal Venezolano, han rechazado en las últimas semanas la “criminalización” que, dicen, sufren por parte del Gobierno desde el inicio de las protestas antigubernamentales a principios de febrero.
Venezuela vive desde el pasado 12 de febrero una serie de protestas antigubernamentales encabezadas por la oposición y estudiantes, que en ocasiones se han vuelto violentas, y que dejan a día de hoy un saldo de más de 40 muertos y cientos de detenidos. EFE