Una influyente agrupación de militares retirados venezolanos criticaron la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de dialogar con el régimen de Nicolás Maduro cuando éste asesina, encarcela y tortura a los estudiantes que protestan en las calles, e instó a los partidos políticos que la conforman a respaldar la protesta en la calle, así lo publicó El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
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“A nuestro juicio es ingenuo dialogar con una dictadura que avanza hacia la destrucción definitiva de la disidencia democrática. Por estas razones afirmamos que es tarea urgente de la MUD convocar a todos los sectores y abanderar la resistencia popular”, declararon más de 220 oficiales retirados agrupados en el Frente Institucional Militar.
La organización –en la que participan oficiales de todo rango, desde ex ministros de Defensa hasta tenientes– dijo que los partidos de oposición que conforman la MUD están obligados a salir en defensa de los estudiantes y de los sectores de la sociedad civil que manifiestan en las calles contra Maduro si es que desean salvar el sistema democrático del país.
“Además debe recordarse que los partidos y los grupos democráticos son especies en peligro de extinción. El proceso dictatorial necesita liquidarlos para sepultar el pluralismo y consolidar la hegemonía. Sabemos que se activan mecanismos para justificar la ilegalización de Voluntad Popular y del Foro Penal Venezolano”, señalaron los firmantes.
“No dudamos en afirmar que el mismo peligro amenaza al resto de la oposición. Ante estas realidades la Mesa de la Unidad no puede postergar su redefinición. Existen factores sociales en los que se congregan las grandes mayorías”, agregaron.
El documento resalta que centenares de jóvenes han sido apresados, vejados, sometidos a salvajes golpizas y a torturas, en procedimientos que ensucian de indignidad a quienes los ordenan y a quienes los ejecutan.
“Estos hechos están destinados a cumplir un plan trazado por los asesores cubanos y son calcados de los procedimientos estalinistas del comunismo castrista. Durante estos meses de violencia el país ha sufrido una guerra desigual en la que delincuentes y fuerzas de seguridad, protegidos por la fiscalía y por un sistema de jueces provisionales, han hecho causa común en la comisión de masivas violaciones de los derechos humanos”, señaló el documento.
“Este proceso se ha dirigido con máxima intensidad a sofocar al movimiento juvenil y a destruir los campamentos de pacífica resistencia que constituyen símbolos y testimonios de su lucha”, agregó.
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