Desde poco antes de 1984 nos ocupamos del tema. Con seriedad y profundidad, ajenas a cualquier interés político, electoral o personal. Ese año fueron planteadas por mí en la Cámara de Diputados, las incipientes preocupaciones con relación al tema de las drogas, derivadas de las informaciones que recibíamos de Colombia. Se designó una Comisión Especial para que en plazo de 90 días presentara conclusiones al respecto. Con la extraordinaria asesoría de unos asesores encabezados magistralmente por Bayardo Ramírez Monagas y César Naranjo O., presentamos el proyecto de Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al poco tiempo ley de la república (ley anti-drogas). Allí se indicaban políticas concretas para la prevención, represión, rehabilitación y lo relativo a la seguridad ciudadana y salud pública. El debate generó algunas manifestaciones críticas en aspectos importantes. La mayoría recogidas. Especialmente las formuladas por Alberto Arteaga Pérez, para entonces decano de la Facultad de Derecho de la UCV. 30 años después duele reconocer que el problema creció en proporción geométrica. Los sucesivos gobiernos no le dieron la trascendental importancia que tiene. Especialmente el actual. En el mundo e internamente, existen fundadas sospechas de la presencia de los tentáculos del narcotráfico en todas las áreas importantes de la vida nacional
Civiles y militares son señalados. Nadie informa. El sector oficial mantiene un silencio cómplice inquietante. Se exigen formalmente explicaciones que nunca se dan para despejar dudas internas y externas. Es el caso de la Audiencia Nacional de España, o de autoridades colombianas, concretos como el de Mackled, entre otros.
Los informes de agencias internacionales, especialmente en Europa y Estados Unidos, señalan a Venezuela como país de alto tráfico y lavado de capitales. Ahora también como productor. La nación sigue ciega, sorda y muda.