Las personas que fueron estafadas por la concesionaria La Venezolana podrán acudir a la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) para ser orientados en torno a la devolución de su dinero.
AVN
El presidente de la referida instancia legislativa, Claudio Farías, informó que la empresa debió haber solicitado ante el Ministerio para el Comercio un permiso para la importación de vehículos, trámite que no realizó, y además “trajo unos vehículos bajo engaño desde Colombia, con visa de transeúnte, y los puso en exposición, y utilizó una publicidad engañosa en varios medios de comunicación impresos y televisivos para que las personas cayeran en la trampa”.
Farías ratificó que la empresa ha mostrado indicios de estafa. “La inversión que hicieron los afectados fue muy importante (…) hubo quienes cancelaron hasta 50% del costo del vehículo”.
El parlamentario socialista hizo énfasis en que el Estado evalúa las alternativas para proteger a los afectados por esta empresa privada y ofrecer soluciones.
El concesionario La Venezolana fue fiscalizado el sábado pasado por el Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía y se detectó la presunta comisión del delito de estafa, al ofrecer vehículos que aún no estaban en el país a 5.956 personas, que pagaron una inicial de 30% o más para la adquisición del bien, lo que representa para la empresa un ingreso de 992 millones de bolívares.
Hebert García Plaza, jefe de la referida instancia económica, explicó que tras una investigación se descubrió que la empresa no ha hecho ningún trámite para la importación de vehículos, de los cuales sólo hay unos pocos, que son usados para ser exhibidos en el concesionario.
“Estos vehículos no existen en Venezuela, no están, ni siquiera está amarrada la negociación ni la posibilidad todavía de que ellos obtengan un crédito supuestamente en China para obtener los vehículos”, explicó García Plaza en ese momento.
Los clientes tampoco recibieron el documento notariado que corresponde al depositar la inicial. En su lugar les fue otorgado un recibo, por lo cual el porcentaje cancelado se convierte “en un cupo para la compra de estos vehículos”. Además, los clientes depositaron 15.000 bolívares adicionales por concepto de accesorios, los cuales la empresa debe adquirir obligatoriamente con la compra del vehículo.
Adelantó que la empresa será ocupada y se abrirá un procedimiento legal por la presunción de la comisión del delito de estafa.
“Este negocio tiene fachada legal, publicidad en los medios de comunicación e incluso utilizan la figura del Estado como si el Gobierno estuviera detrás de esta comercialización para engañar al pueblo”, denunció.