Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López, recalcó que no hay excusas válidas para que la juez Adriana López difiera nuevamente la audiencia preliminar del líder de Voluntad Popular pautada para el próximo lunes 2 de junio, así como tampoco debería haber impedimento jurídico para que otorgue su libertad, si esta actuara apegada a las leyes y al debido proceso. NP
Gutiérrez recordó que en el caso de López existe una acumulación de causas, a petición del Ministerio Público, junto con la de 4 jóvenes aprehendidos el pasado 12 de febrero en las cercanías de la Fiscalía. Dijo que por este motivo la duración de la audiencia podría ser de 4 o 5 semanas.
“Estamos hablando de 5 imputados, con sus abogados, con los fiscales del Ministerio Público, con 2 acusaciones; no creo que esa audiencia culmine el día lunes, me parece imposible que pueda decidirse en su totalidad. Lo importante es que se cumpla el debido proceso, que se respete el derecho de palabra de los asistentes para que Leopoldo López sea liberado. El deber ser es que esa audiencia dure varios días: Un día para que la Fiscalía presente sus argumentos, otro día para que los imputados rindan sus declaraciones, otra sesión para que los abogados presenten la defensa y otro día para que el Tribunal estudie los alegatos y presente su decisión”, mencionó.
Asimismo comunicó que la Fiscalía, quien es juez y parte en el caso, reconoce, en sus investigaciones, que no hubo una relación de llamado de manera expresa, ni que existió pago o interés directo en la ejecución de los hechos que se le imputan a Marco Aurelio Coello y Cristian Holdack, quienes permanecen privados de libertad, así como de los otros imputados que fueron liberados con medidas cautelares.
“La Fiscalía lo que dice es que Leopoldo tenía ‘un discurso subliminal, de persuasión y que bajo estos parámetros los muchachos actuaron’, con este planteamiento relacionan las causas”. Reiteró que la figura de determinador tiene que ser directa, expresa e inequívoca y dirigida hacia un sujeto específico donde medie un pago, “nada de esto ha ocurrido en este caso y por eso esa participación debe ser desestimada por el Tribunal”, mencionó.
En ese sentido, la defensa del coordinador nacional de la tolda naranja, continuará exigiendo que López sea liberado sobre la base de la sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que desestimó los cargos de determinador de las muertes que hubo durante el golpe de Estado del año 1992 al fallecido Hugo Chávez.
“Si la juez tomara en consideración esa sentencia se le desestimaría 2 de los 4 delitos que se le imputan a Leopoldo, solo quedaría asociación criminal e instigación pública, cargos que no son sustentables por la falta de elementos probatorios”.
Finalmente el jurista explicó los escenarios que pudiesen producirse durante la audiencia que enfrentará López bajo los cargos de instigación pública para delinquir, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio de la Fiscalía en grado de determinador y asociación para delinquir.
Aseguró que, en primer lugar, podría ocurrir que la acusación de la Fiscalía sea desestimada, eso implicaría la libertad inmediata de López; en segundo lugar, que se produzca un desistimiento o una inadmisión de alguno de los delitos de los que se le está acusando a Leopoldo, eso permitiría que el líder político sea enjuiciado en libertad y por último que el Tribunal admita la acusación total de la Fiscalía, en ese caso, el dirigente progresista no podría enfrentar la fase de juicio en libertad.
Régimen intensifica aislamiento
Ante de la intensificación del aislamiento que enfrenta Leopoldo López, luego de cumplir 102 días privado de libertad en una prisión militar, la defensa del dirigente político presentará un recurso de reconsideración dirigido al director del penal, Coronel Humberto Calles, solicitándole que actúe apegado a la Constitución y elimine la sanción de la prohibición de visitas por no ser procedente y violar los derechos humanos del líder naranja de manera sistemática.
“A Leopoldo se le están imponiendo sanciones administrativas y confinamiento donde se le prohíbe el contacto con otros presos, así como del resto de las personas que quisieran visitarlo. Lo más grave es que esto se hace sin que se le abra un procedimiento administrativo sancionador, sin que se le permita su derecho a la defensa o una decisión que se lo apruebe, son sanciones ilegales e inconstitucionales que deben ser depuestas”, fustigó.