El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho efectivos de la Policía Militar, adscritos a la Brigada 35° del Ejército Nacional Bolivariano, por su presunta responsabilidad en el robo de un arma de fuego y un celular a un escolta, hecho ocurrido el pasado domingo 01º de junio en el distribuidor Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda.
En la audiencia de presentación, la fiscal 77° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Marijose Futrille, imputó a Herlys Mercado por la presunta comisión de los delitos de concusión en grado de autor, robo agravado, agavillamiento y peculado de uso.
Mientras que Jonny Guerrero, Rafael Hernández, Víctor Freitas, Rubén Álvarez, Olver Ruiz, José Figueroa y Ángel Freitas, fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de concusión en grado de cómplice necesario, agavillamiento y peculado de uso.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados y por la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, el Tribunal 27º de Control del AMC dictó medida privativa de libertad contra los ocho funcionarios y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda.
El citado día, en horas de la mañana, los ocho militares realizaban labores de patrullaje en la urbanización Macaracuay.
Posteriormente, los ocho efectivos castrenses abordaron al escolta, quien se encontraba orillado en una motocicleta en el sector antes mencionado.
Seguidamente, Mercado procedió a solicitarle la documentación al hombre, quien indicó que estaba armado y poseía su porte reglamentario.
Inmediatamente, los efectivos despojaron del arma de fuego a la víctima y procedieron a solicitarle la cantidad de 10 mil bolívares para regresársela.
Los ocho militares, luego de constatar que el escolta no tenía la cantidad solicitada, partieron del lugar llevándose el arma de fuego y el celular del hombre.
El domingo 01º de junio, en horas de la tarde, la víctima formuló la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Al día siguiente los ocho efectivos de la policía militar fueron entregados por sus superiores puestos a la orden del Ministerio Público.