En Venezuela hay dos oposiciones: una oficial, y otra radical. La oficial se agrupa en torno a la Mesa de la Unidad (MUD), mientras la otra es representada principalmente por Leopoldo López (reo del régimen), Maria Corina Machado (despojada ilegalmente de su cargo parlamentario), y Antonio Ledezma (cuyo triunfo electoral en las elecciones de la Alcaldía Mayor de Caracas en 2008 fue absolutamente anulado por Hugo Chavez). La segunda le debe su calificativo no sólo al chavismo, que obviamente la ve como la única amenaza a su poder hegemónico, sino a la primera, y a todos aquellos que comulgan con ella. Es decir, cualquier posición que cuestiona abierta y públicamente lo que representa el chavismo es radical, mientras que cualquier posición que busca o mantiene participación en el “juego democrático” que promueve el chavismo cuenta con la venia oficial.
Se cuentan por millones los venezolanos que no confían de un todo en el ente electoral (CNE). Uno de los principales motivos para dicha desconfianza ha sido la falta de auditorías independientes al Registro Electoral. La oposición oficial mantiene que el sistema electoral ha sido “auditado suficientemente” (Ramon Guillermo Aveledo dixit), a pesar de que no existe un reporte, un informe, un artículo de prensa, ni fotografías o videos que demuestren la celebración de tales auditorías. Es más, al reporte de la Unión Europea, sobre el cual ha basado el chavismo la especie de que el sistema electoral de Venezuela es de lo mejor que se haya visto, se le ha sumado ahora el del Carter Centre, ambos afirmando, sin ambages, que ni el sistema ha sido auditado independientemente, ni en las auditorías participan representantes de la oposición.
Y he allí el meollo del asunto, es un problema de diagnóstico. Mientras una oposición piense que la exigencia por parte de la otra del cumplimiento de artículos de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (art. 95 y 97) representa una postura “radical”, el chavismo permanecerá indefinidamente en el poder. Mientras una oposición continúe con la pretensión de que el chavismo es una plataforma política cuyo ejercicio en el poder es regido por la estricta observancia de la constitución y las leyes, y por tanto merece consideración y respeto; mientras se continúe con la farsa del diálogo acompañado por naciones aliadas al totalitarismo imperante; y se busque y promueva como solución la participación en elecciones que no son, bajo ningún concepto democrático, libres y transparentes; es imposible esperar otra cosa que no sea la realización de los designios del chavismo, cualesquiera que fuesen.
El chavismo necesita una oposición, para poder mantener con algún vestigio de credibilidad su postura ante el mundo. Y la oposición oficial rauda le sigue el juego. Comparemos, brevemente, las reacciones en los principales partidos políticos europeos que siguieron a los recientes resultados electorales, donde partidos y actores de la extrema derecha e izquierda lograron importantes avances. En la mayoría de los casos ha ocurrido una importante introspección, y muchos de los políticos de oficio han dimitido, o han puesto sus cargos a la orden. Los que han ganado espacios pareciera que aplican un doble rasero cuando del buen salvaje se trata.
Pero fijémonos ahora en Venezuela, cuya oposición oficial lleva perdiendo elecciones desde 2004, y su liderazgo sigue sin renovarse, como si no hubiese perdido nada. Cuando aparecen nuevos actores que de alguna forma retan o desafían el poder constituido, como el movimiento estudiantil, la reacción es siempre la misma: desmarcarse y descalificar. Pondré un ejemplo cercano: los representantes ante el CNE que conocí en la campaña presidencial de Manuel Rosales en el 2006, son los mismos que afirman en estos días que Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral del mundo.
La oposición radical no considera lo electoral, bajo las condiciones actuales, como una salida factible, ni quiere esperar hasta el 2019 a ver si el chavismo comete el desliz de perder una elección. Y con razón, ya que sus tres líderes más visibles han sufrido en carne propia lo que ninguno de los del otro bando. Y qué decir de los miles de estudiantes detenidos, las decenas de muertos, y torturados. La oposición “radical” pone la sangre, y los muertos, mientras que la oficial se sienta a la mesa con el régimen a recriminar sólo lo previamente acordado y permitido. Al abandono de posturas sancionadas por el régimen le sigue ostracismo, juicios amañados, destituciones ilegales, persecución política, exilio, acusaciones infundadas de magnicidio, o peor, cárcel, tortura y muerte. Es decir, el régimen es capaz, y ejecuta lo que sea, por sacar del juego a quienes no siguen su libreto. Se juega según sus “reglas democráticas”, o se pierde la libertad o la vida.
Lo lamentable, es que la comunidad internacional o no se ha dado cuenta de ésta dinámica, o lo ha hecho, y por razones de índole político y económico se mantiene al margen. Solamente en un absolutismo puede describirse la exigencia de que se cumpla la ley como una postura radical o nihilista. Y así, con ese problema de diagnóstico, siguen algunos pretendiendo que negociar con el crimen organizado devenido en Gobierno es el camino que conduce a la recuperación de la democracia.
Pubicado en el diario El País (España)