Nicolás Maduro asegura que sus adversarios están empeñados en asesinarlo. Y quiere que el pueblo también lo sepa y esté alerta. En 15 meses han sido develados, por miembros de su gabinete y por él mismo, 13 presuntos planes de magnicidio. La cuenta, que llevan diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), implica que, en promedio, casi por cada mes que el jefe de Estado lleva en el gobierno se ha fraguado un complot para acabar con su vida.
Alejandra Rodríguez Álvarez / El Tiempo
El Presidente, que asumió el poder el pasado 19 de abril, ha culpado en todos los casos a líderes de la “derecha fascista” (disidencia política) y a algún actor externo, casi siempre vinculado a Colombia o Estados Unidos. El plan más reciente fue expuesto en cadena nacional por el llamado alto mando político de la revolución hace poco más de una semana. El pasado martes 3 la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo para investigar este último presunto complot.
Dónde están
El miércoles 28 de mayo la dirección política del chavismo denunció planes de magnicidio y golpe de Estado, en los que involucró, entre otros, a la exdiputada opositora María Corina Machado y al nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
Las supuestas pruebas las presentó el alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez. Durante su alocución el funcionario mostró varios correos electrónicos, presuntamente enviados por Machado a políticos de oposición como el exprecandidato presidencial Diego Arria y el exgobernador de Carabobo y también exaspirante a Miraflores, Henrique Salas Romer. Aseguró que los mails forman parte de una “investigación penal y criminal”.
Esta última acusación que, tanto Machado como Arria calificaron de falsa, se produjo en un momento crítico para Venezuela. Durante ya casi cuatro meses se han reportado protestas en contra del gobierno en diferentes estados del país. Los disturbios han dejado 42 personas muertas y centenares de heridos.
La denuncia de Rodríguez, como todas las anteriores, tiene muchas inconsistencias: se presentaron unos correos cuyas direcciones no se corresponden con los nombres de los acusados y con textos que dicen muy poco acerca de la presunta conspiración.
Se prometieron más pruebas, pero aún no se hizo. La oposición cuestiona la legalidad de la investigación. No debió ser el alto mando chavista el que hiciera la acusación, sino el Ministerio Público, alegan. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, insiste en que todos los procedimientos se han hecho apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al Código Orgánico Procesal Penal.
Historial
Maduro ha advertido que lo tienen en la mira desde hace más de un año. Aún no era Presidente electo de Venezuela cuando denunció por primera vez una conspiración para matarlo. El 6 de febrero de 2013, mientras el expresidente Hugo Chávez recibía tratamiento en Cuba y corrían toda especie de rumores sobre su ausencia, el entonces vicepresidente, Maduro, acusó al exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, ahora Sebin), Henry López Sisco, refugiado en Costa Rica, de estar detrás de unos planes para asesinarlo a él y al presidente de la AN, Diosdado Cabello. Dos días después de la acusación, el vicepresidente de Economía Financiera, Jorge Giordani, anunció una devaluación del bolívar de 46,5%.
La siguiente denuncia llegó apenas dos meses después, en vísperas de elecciones presidenciales. A una semana de los comicios, Maduro, para el momento presidente encargado, dijo en un acto realizado en el estado Bolívar, que unos mercenarios provenientes de El Salvador habían ingresado al país con el propósito de asesinarlo.
Acusó al exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roger Noriega, al exembajador de EE UU en Venezuela Otto Reich y a “la derecha salvadoreña” de orquestar la presunta conspiración. Al día siguiente, denunció que Armando Briquet, asesor del candidato opositor Henrique Capriles, su oponente más fuerte, había sido el enlace con los supuestos mercenarios.
No había transcurrido un mes del mandato de Maduro y ya acusaba otra nueva conspiración en su contra. En esa ocasión el plan para asesinarlo estaría encabezado por el ex-presidente colombiano Álvaro Uribe y era dirigido, afirmó el mandatario el 3 de mayo de 2013, por Noriega y Reich desde Miami, Estados Unidos. A parte de la oposición venezolana, como en los casos precedentes, el mandatario le atribuyó participación en el presunto complot.
Entre julio y agosto de 2013 hubo la mayor cantidad de denuncias de planes contra la vida del Presidente, que en ese período aseguraba estar haciendo frente a un sabotaje económico sin precedentes.
“Objetivo Baby”, una presunta conspiración para asesinar a Maduro el 24 de julio de 2013, fue una de las más investigadas. A principios de agosto de ese año, el ministro de Interiores y Justicia (MIJ), Miguel Rodriguez Torres, dijo que el complot incluía el ingreso de 800 hombres a Zulia y Caracas. Afirmó que Uribe estaba implicado en el plan.
A finales de agosto fue expuesta otra presunta conspiración y el 20 de diciembre de 2013 se alertó sobre el último complot fallido de ese año, el cual cerró con una inflación de 56,2%, una escasez de 22% y unas 11 denuncias de intento de magnicidio. Por estas hubo detenidos, aunque las autoridades no informaron más detalles.