Señores de la Mesa de la Unidad y otros, en especial, Ramón Guillermo Aveledo, Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Roberto Enríquez, Omar Barboza, Andrés Velásquez y Gabriel Puerta Ponte. Estos son los políticos de partido, pero ya es hora de que se construya un bloque que incluya a personalidades de la sociedad civil, cuidadosamente seleccionadas y suficientes, que tengan una visión informada de lo que realmente sucede en el país. Para eso deben hurgar no solo en el mundo de la academia, sino también en los sindicatos y líderes populares. La idea no es construir una asamblea. Los que me conocen saben que siempre he preferido a grupos pequeños, representativos e informados, a una agrupación que pretenda incluir a todo el que tenga un discurso para, inevitablemente, terminar en una rebatiña por tomar la palabra con muchos oradores y pocos resultados.
Es la hora de convocar a la unidad antes de que el país se desplome y se imponga una dictadura represiva que ya ha enseñado las uñas. Lamentablemente, sus víctimas, muertos y torturados han sido jóvenes estudiantes universitarios. Pero también se ha desatado un hampa peculiar que muchas veces parece que mata por placer. Este desastre de 15 años ha destruido la moral pública. Desde la tribuna presidencial y desde la Asamblea Nacional se actúa irresponsablemente al acusar de magnicidio a personas que en su vida han manejado un arma ni conspirado para matar a nadie. Ese discurso desata el odio y hasta sugiere el uso de las armas y la violencia para resolver conflictos. Las brigadas motorizadas criminales son el resultado de un régimen que no habla sino de gobierno cívico-militar, que nombra a oficiales activos en posiciones que corresponden al sector civil y se definen como una revolución armada. Ha destruido la economía, ha impuesto la corrupción como sistema, en lugar de las licitaciones honestas. Da risa, si no fuera tan trágico, que Giordani diga, en su famosa carta, que Pdvsa se consolidó y acabó con las concesiones. El gran planificador no sabe que la estatización de la industria petrolera, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez y la dirección de Valentín Hernández, a quien la historia le debe un justo reconocimiento, terminó, antes de que se vencieran, con las concesiones. Hernández era un profesional que se ganó el respeto de todos. Simplemente compárenlo con el actual ministro de Petróleo.
Ante esta tétrica situación no caben medias tintas. Aquí hay que decidir, sin muchos remilgos, si se está dispuesto a esperar que este gobierno concluya, a fuerza de represión, su periodo constitucional o si se diseñarán planes para que, por mecanismos constitucionales, se anticipe su salida. Esta, en el fondo, es la decisión crítica que hoy acosa a la oposición. Si no se pueden poner de acuerdo en la respuesta, no habrá unidad y se dividirá en dos bloques la fuerza opositora.
Mi opinión, aunque nadie me la haya pedido, es: 1- Este régimen no tiene un líder que pueda imponer las medidas políticas, económicas y sociales que se requieren para revertir el desastre. 2- Creo que está demostrado que el diálogo no vale la pena, por la razón dada en el punto anterior. 3- Esperar hasta 2019 tiene muchos peligros, entre ellos: a) Si la situación se vuelve insostenible, como seguro sucederá, hay peligro de un golpe militar que puede resultar en un remedio peor que la enfermedad. b) Para mantener la “calma” aumentará la represión y, lo más grave, es: c) De aquí a 2019 el régimen cambiará el sistema político y el electoral. Gobernadores y alcaldes perderán sus poderes. El país se dividirá en zonas militarizadas con comunas que responderán directamente al Poder Ejecutivo. Si hubiera elecciones serían de segundo grado, con las comunas eligiendo los poderes públicos.
No creo que debamos esperar a que “esto” pase.