Producto de la creciente inflación pero sobre todo de la inestabilidad del precio del bolívar, los costos de los alquileres de locales comerciales y residencias, así como de determinados servicios, repuestos y piezas de vehículos que se negocian en las denominadas “chiveras” del eje San Antonio-Ureña, se valoran en pesos, lo cual se conoce en el argot popular como “colombianización”, haciéndose la mayoría de las veces inalcanzable para el ciudadano venezolano, publica La Nación.
El fenómeno de la “colombianización” de los precios en la frontera venezolana ha marchado a la par de la devaluación del bolívar y se percibe también en los precios de productos de la cesta básica, limpieza y aseo personal que se expenden en muchos comercios de San Antonio y Ureña, que por lo general no son fiscalizados por ningún organismo oficial y especulan con los precios.
Lo mismo no ocurre en conocidos supermercados o abastos de la zona, los cuales son fiscalizados con frecuencia y venden los productos a precio regulado. Esto trae como consecuencia que cuando en algunos de estos establecimientos hay alguno de los productos esenciales de la canasta básica como harina, aceite, azúcar, etc., la afluencia de compradores es multitudinaria porque quieren comprar barato.
Sin embargo, lo mismo no ocurre con la venta de repuestos nuevos o usados, la prestación de servicios automotrices o algunos relacionados con el comercio internacional, así como con los alquileres de viviendas o establecimientos comerciales, en donde por la falta de fiscalización y supervisión de los órganos oficiales, se especula exageradamente con los precios o se establecen valores en pesos colombianos “por si acaso baja el bolívar”, como dicen los oferentes.
Hay quienes creen que algunas personas de la frontera venezolana establecen los precios en pesos para proteger su patrimonio o sustento, otras lo hacen para especular o porque sencillamente creen que pueden perder capital al fijar costos en bolívares, “ya que puede llegar un ciudadano extranjero con pesos y agarra el negocio porque para él 30 mil, 50 mil, 200 mil, 500 mil, cualquier millón de bolívares no son nada”.
Esta cultura de la “colombianización” de los precios en el eje San Antonio-Ureña está teniendo efectos adversos en la población en general, pero sobre todo en la gente de menor poder adquisitivo que requiere de un servicio, alquilar una casa para vivir o un local comercial para establecer un negocio, o necesita comprar un producto, un repuesto o una pieza para vehículo en algunas conocidas chiveras de la zona, donde los precios se fijan en pesos e incluso en dólares.
Aunque en la factura de compra o contrato de arrendamiento, la ley no permite establecer precios en otra moneda que no sea en bolívares, mediante acuerdos de palabra entre las partes sí se transan negocios en pesos colombianos. Quien adquiere el bien o servicio, alquila la vivienda o local, puede pagar en bolívares el monto que se establezca en pesos, aunque en la factura o contrato indique otra cantidad en moneda nacional, explicaron conocedores de la materia.
Desde hace tres años se dispararon los alquileres
Personas que tienen viviendas o locales alquilados en San Antonio indican que el índice de inflación actual ha incrementado el costo de los alquileres, pero desde hace aproximadamente tres años ya habían comenzado a dispararse.
Por ejemplo, el alquiler de una vivienda familiar en un lugar cómodo, hace tres años podía costar 3 mil bolívares, al año siguiente costó 6 mil y hoy día ya está en 12 mil bolívares mensuales. Para una familia de la denominada clase media venezolana se le dificulta pagar un alquiler con ese precio, pero ese monto no representa una cifra exagerada para un comerciante o empresario colombiano que trabaje en la zona y decida residenciarse en la frontera venezolana.
Esa situación ha hecho que propietarios de inmuebles ubicados en el eje fronterizo venezolano fijen los precios de los alquileres en pesos colombianos, montos que al convertirlos en bolívares se hacen inalcanzables para una familia o incluso para comerciantes venezolanos.
En San Antonio se conocen casos de locales comerciales desocupados, que no han podido ser alquilados por el elevado precio. La presidenta de la Cámara de Comercio, Isabel Castillo, al respecto considera que los precios de los alquileres se han encarecido producto de la inflación, pero también debido a la disparidad cambiaria. A pesar de existir una ley que regula la materia, algunas personas se las ingenian para sacar provecho de sus bienes, ya que han hecho inversiones significativas.
Sin embargo, también hay quienes se abstienen de arrendar sus casas o locales, en vista de los derechos y beneficios que consagra la ley para el arrendatario. La presidenta de la Cámara de Comercio es considera necesario que el Estado controle el canon de arrendamiento, pero al mismo tiempo debe implementar medidas gubernamentales para solventar el alto costo de la vida y lograr un punto de equilibrio.
(José G. Hernández)