La noche del martes llegó a su fin el juicio contra las siete personas detenidas entre agosto y septiembre de 2013 tras el descubrimiento realizado por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): una red internacional de trata de niños que tenía su centro de operaciones en el estado Bolívar, publica Correo del Caroní.
Cuatro de los detenidos fueron condenados a treinta años de cárcel, mientras que a los otros tres los sentenciaron a cinco años bajo régimen de presentación. Todas las decisiones fueron tomadas por un Tribunal de Juicio Accidental en materia de Violencia contra la Mujer que se conformó especialmente para llevar el expediente FP12-S-2013-000586.
Ricardo Enrique Landeros Burgos, chileno y para aquel entonces gerente general de operaciones de Masisa Venezuela, fue uno de los que recibió la máxima pena permitida por las leyes venezolanas. La Fiscalía 8° Nacional y la 10° de Ciudad Guayana lo imputaron por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.
Leomar Jesús Barrero Dicurú y Yazmín Josefina Maurera Rivas fueron acusados por los mismos delitos y recibieron la misma condena. Humberto José Guerra, consejero del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna), también pagará 30 años de cárcel por los crímenes y por el de corrupción propia.
Para El Dorado y el INOF
El sitio determinado por el tribunal para que los tres hombres cumplan su pena fue el Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como cárcel de El Dorado; la mujer será trasladada en las próximas horas a Los Teques, estado Miranda, para ser recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Además de Landeros Burgos, Barrero Dicurú, Maurera Rivas y Guerra, por el caso también fueron detenidos otros dos consejeros del Cpnna: Gustavo Rafael González Coro y Deisy Pérez, y Yulima Fermín, quien para ese entonces tenía el cargo de fiscal auxiliar 8° del Segundo Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.
Los tres fueron condenados a cinco años bajo régimen de presentación tras ser hallados culpables por el delito de forjamiento de documentos. Según los abogados defensores de los siete condenados, tanto estas sentencias como las cuatro penas máximas serán apeladas en las próximas horas ante la Corte de Apelaciones del estado Bolívar.
“Nosotros demostramos una serie de irregularidades que existían en el expediente y no nos hicieron caso… no fueron tomadas en cuenta; sin embargo, el Ministerio Público no pudo demostrar los graves delitos y el tribunal dio cuatro condenas a 30 años de cárcel y tres de cinco años bajo presentación”, denunció uno de los defensores.