Vamos por partes. Argentina cayó en su debacle de 2001 en el mayor impago de deuda en la historia de un país. En 2005 y 2010, ya con los Kirchner en el poder (desde 2003), les ofreció a los acreedores una quita del 75% del capital, aunque en términos reales los que la aceptaron acabaron perdiendo hasta ahora el 25%. Argentina logró así reestructurar el 93% de la deuda impaga en 2001. Este miércoles vence un pago de más de 500 millones de dólares con los inversores que aceptaron el canje.
El otro 7% optó por reclamar el 100% del pasivo original en los tribunales. Aproximadamente, dos tercios de la deuda impaga tiene legislación de EE UU, de los cuales la mitad está en manos de los fondos buitres, aquellos que compraron a bajo precio bonos argentinos impagos para después reclamar en la justicia. El otro tercio tiene legislación europea y reclama ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Los que ganaron ya el pleito en EE UU son fondos buitres y otros acreedores que tienen el 1% de la deuda impaga y piden ahora 1.500 millones. Si Argentina les abona ese dinero, podría continuar pagando su deuda reestructurada y evitar la suspensión de pagos, según el fallo. Pero el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner y diversos juristas sostienen que si Argentina les abona, el 93% que aceptó la quita también puede reclamar que les paguen el 100% de la deuda original. Es que una cláusula de la deuda reestructurada establece que si Buenos Aires les ofrece en forma voluntaria una mejora paga a unos, también debe hacerlo a los otros.
El kirchnerismo, juristas y referentes de la oposición, como el exministro de Economía Roberto Lavagna, que negoció en 2005 la reestructuración de la deuda en el Gobierno de Kirchner pero ese mismo año se alejó del poder, advierten de que si Argentina acepta la sentencia, habrá demandas contra el país. Lavagna llegó a decir que aquello sería un tsunami y que era preferible un tifón, es decir, no pagarles ni a unos ni a otros hasta 2015. Sucede que la cláusula en cuestión vence el 31 de diciembre de 2014 y a partir de entonces Argentina podría abonar a los buitres el 100% y reanudar los pagos de deuda reestructurada.
Otros políticos de la oposición, como el conservador Mauricio Macri, piden que Argentina pague la sentencia, pese a los riesgos de hacerlo. Consideran que lo peor para su país sería caer en desacato respecto de un fallo de EE UU. Pero antiguos negociadores de la deuda argentina opinan que Buenos Aires no estaría desobedeciendo una sentencia sino cayendo en suspensión de pagos, una opción contemplada en la legislación norteamericana.
Cristina Fernández dice que su país no caería en suspensión de pagos este miércoles porque ya depositó los más de 500 millones que debe abonar por la deuda reestructurada y endilga el problema a que el juez de Nueva York Thomas Griesa bloqueó el pago hasta que Argentina salde lo debido a los buitres. El país sudamericano ya puso el dinero en cuentas de los agentes fiduciarios, The Bank of New York Mellon, JP Morgan y Citibank, pero estas entidades no lo transfirieron a los acreedores de deuda reestructurada para cumplir con el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, de 83 años. Las calificadoras de riesgo crediticio probablemente califiquen a la situación de Argentina como impago de deuda, pero la líder peronista afirma que habrá que buscar otro nombre para denominarla porque el dinero fue depositado y es el juez el que impide que llegue a los acreedores. A su vez, Griesa ha sido criticado por la prensa neoyorkina por presunto desconocimiento de los detalles del juicio.
Si Argentina no logra que los más de 500 millones lleguen a manos de los tenedores del bono llamado Discount, quiera o no habrá un impago selectivo, es decir, de un título público en particular. A partir del miércoles comenzará un periodo de 30 días en los que si se juntan los dueños de al menos el 25% de cualquiera de los títulos de la deuda reestructurada, pueden pedir la aceleración del cobro de todo su acreencia y la suspensión de pagos del conjunto de esos bonos. Entonces ya no sería un impago selectivo sino total, una opción que sería no solo más perjudicial para una Argentina ya en recesión sino para los fondos buitres y demás litigantes, que deberían esperar mucho más para cobrar algún día. Habrá que ver si los tenedores de deuda reestructurada tienen ánimo litigante o si el Gobierno de Fernández los convence de que esperen hasta que venza la cláusula a finales de 2014.
No se descarta que algunos de los litigantes pidan este miércoles lo que desea Argentina: la congelación de la ejecución del fallo hasta 2015. Otra opción es que esperen a que el miércoles se paguen los seguros contra impago que tienen los tenedores de deuda reestructurada, entre quienes podrían estar también los buitres, y el jueves pidan al juez que congele la sentencia, de modo que con un día de atraso Argentina abone el título Discount y evite una suspensión de pagos total. Algunas de éstas u otras opciones pueden aparecer hasta el miércoles para evitar el impago.
Alejandro Rebossio es periodista, especialista en economía. Fue editor de economía en el diario La Nación. Trabaja en la corresponsalía del diario El País en Buenos Aires
Publicado originalmente en Infolatam