De nuevo, en Puerto Ordaz, los perdigones rasgaron el aire y fueron a parar en los manifestantes. De nuevo las bombas lacrimógenas dispersaron una manifestación y, una vez más, quedó en evidencia que las amenazas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no eran simple entelequia. correodelcaroni.com / Marcos David Valverde
¿Cuáles amenazas? Las proferidas el 6 de agosto a través de la cuenta de Twitter @GNBCORE8 contra los dirigentes del Sindicato de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss).
“Nuevamente los sindicalistas de Sidor ahogan al Pueblo, o como (sic) llamamos esto (sic)”. Como complemento del mensaje, cuatro imágenes: tres de protestas y trancas y una cuarta del presidente del sindicato, José Luis Hernández.
Un segundo tuit, en el que se advertía sobre represalias contra los sidoristas en caso de manifestaciones, fue borrado de la cuenta un día después de la publicación.
El asunto, más que una ligereza, y además de abrir el debate en foros y redes sociales, ha acentuado el tono de las críticas en cuanto a las actuaciones militares en las manifestaciones públicas. Como ocurrió el lunes pasado en la avenida Guayana. Como ocurrió, de nuevo, ayer en frente de la sede del Comando Regional (CORE 8).
Derecho irrefutable
El repudio hacia los métodos de actuación de la GNB ha encontrado asidero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente en sus artículos 68 y 329.
Comenzando por el último, sobre la GNB recae la responsabilidad principal de conducir “las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”.
El otro punto de la responsabilidad lo establece el artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Para no dejar asidero para las dudas, remata que “la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
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