La ineficiencia de las empresas estatales venezolanas, que han aumentado sus plantillas de empleados y disminuido su productividad, profundiza la escasez en un país que busca ir hacia un modelo socialista, coinciden especialistas consultados por AFP.
La productividad per capita de la principal empresa del país, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por ejemplo, cayó a un tercio, en un reflejo de como a medida que Hugo Chávez, fallecido en 2013, asentó su proyecto socialista -prolongado por Nicolás Maduro- la nómina de trabajadores públicos creció pese a los números rojos de muchas empresas estatales.
En 1999 Pdvsa tenía casi 51.00 empleados y una producción diaria de 63 barriles por empleado. Quince años después empleaba 140.000 personas que producian 20 barriles diarios cada uno. En ese marco la petrolera, que maneja las mayores reservas de crudo del mundo, acumulaba una deuda con proveedores que en 2013 llegó a 21.400 millones de dólares.
Otro ejemplo está en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la acería más grande de América Latina y que seis años después de haber sido expropiada al grupo argentino Techint por orden de Hugo Chávez, redujo su producción a solamente una tercera parte, afirma José Luis Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica (Sutiss).
En Sidor, la principal industria de la región de Guayana (sureste), “se perdieron recursos por burocracia y corrupción” explica Hernández. “En 2008 se aprobaron más de 1.200 millones de dólares para recuperar Sidor, y transcurridos cinco años solo llegó 20% de ese monto”, señaló.
La siderúrgica no puede elevar su producción “por la falta de inversión, la carencia de materias primas y repuestos para las maquinarias, por el deterioro en la relación con los proveedores -a quienes se les deben 920 millones de dólares- y por el incumplimiento de los beneficios laborales”.
Producción ineficiente
Los resultados adversos se repiten en otras áreas. Tras diez años de ocupaciones de fincas en medio de reivindicaciones de campesinos pobres, el Gobierno venezolano ha intervenido casi siete millones de hectáreas de tierras agrícolas para producir y abastecer de alimentos al mercado venezolano y exportar los excedentes.
Sin embargo el alza de las importaciones de alimentos -cuadruplicadas triplicadas a 7.490 millones de dólares entre 2005 y 2008- evidencia las fallas en la etapa más intensa de las ocupaciones de predios.
Anabella Abadi, economista en ODH Grupo Consultor, explica que “las políticas del Gobierno Central en 15 años han estado orientadas hacia el ‘Socialismo del Siglo XXI'” con elementos como “avanzar hacia la hegemonía política del partido oficialista, rechazar la propiedad privada, y contar con una planificación central que le de el control de la economía”.
Estas características, señala Abadi, “resaltan -en el caso venezolano- porque son iguales a las del socialismo del siglo XX”.
Aún cuando Venezuela atraviesa una crisis económica con una inflación anual de 60%, escasez de uno de cada cuatro bienes básicos, y una sequía de divisas que ha causado deudas multimillonarias del gobierno que liquida los dólares, con sectores privados como la industria farmacéutica, de alimentos, químicos y aerolíneas, el Ejecutivo venezolano insiste en el modelo.
“Cada expropiación, compra forzosa de empresa o creación de nueva unidad de producción socialista, representa un avance hacia la instauración de ese nuevo modelo”, señala Abadi
Entre 2002 y junio de 2014 el Estado venezolano expropió 1.288 empresas según un conteo de Conindustria, la asociación de industrias de Venezuela.
Luis Vicente León, titular de la consultora Datanálisis, comenta que hubo “una penetración muy fuerte en factores de producción” y ello condujo a que las expropiaciones dejaran problemas de abastecimiento “en todos los rubros” intervenidos.
“Las expropiaciones, que impactan dramáticamente la productividad y la capacidad de abastecimiento” se han utilizado por tres razones: “por factores ideológicos, como castigo político, y por el interés en algún negocio”, explicó León.
El analista descarta que los funcionarios sean todos ineficientes. Señala que las fallas están en la base del modelo y la falta de incentivos. “La ineficiencia no es de quienes manejan las empresas, sino del modelo”. Es un problema “de tipo estructural”, concluyó.
Por Ernesto TOVAR/AFP