La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Aragua, se dirige a sus agremiados y a la población aragüeña para manifestar su absoluto rechazo al Anteproyecto de Ley de la Comunicación Social que pretende desprofesionalizar al periodista, entendido como aquel profesional que posee el título de Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Social o título equivalente, expedido en el país por una Universidad o título revalidado legalmente.NP
El gremio de periodistas repudia la pretensión de este Anteproyecto de desconocer las habilidades adquiridas durante la formación académica y descritas en la Ley del Ejercicio del Periodismo, como son la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como su coordinación en los medios de comunicación social impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u oficinas de prensa e información de empresas o instituciones públicas o privadas.
Alertamos que este Anteproyecto pretende crear una institución paralela al Colegio Nacional de Periodistas, lo cual sólo puede interpretarse como un nuevo intento de los factores de poder para desconocer una institución gremial amparada en las leyes, que ha defendido en todo momento el libre ejercicio de la profesión, sin violencia y en paz, y ha rechazado la implantación de estrategias comunicacionales político-partidistas o un modelo hegemónico comunicacional que impida la libertad de opiniones e ideas, así como la nefasta intención de criminalizar la crítica.
Advertimos un sospechoso desespero por controlar los gremios e instituciones históricamente críticos a cualquier instancia de poder, y que por ende no se doblegan ante intereses particulares, a través de la presentación de un “mamotreto” jurídico inconsulto obviando la participación de la representación natural interesada.
Evidenciamos el empeño del poder político por manejar la opinión pública ante la intolerancia a la crítica y la imposibilidad de manipular a un gremio que sabe cuál es la misión que debe cumplir en la sociedad y que está del lado de la gente, sus reclamos y el derecho a la información. Una cosa es el derecho ciudadano a la información, y a la libre expresión de las ideas, y otra muy distinta la aberrante pretensión del citado documento presentado ante la Asamblea Nacional.
Nos preocupa la malsana intención de este Anteproyecto, de cierre de las escuelas de Comunicación Social, incluida la recientemente creada en la Universidad Bolivariana de Venezuela, violatorio de los sueños y anhelos de los jóvenes venezolanos que con esfuerzo propio y el de sus familias, cursan estudios para una formación académica y la obtención de sus títulos como licenciados para el ejercicio profesional, amparado en la Ley del Ejercicio del Periodismo.
Nos ocupa la necesidad manifiesta de los jóvenes venezolanos en formarse y capacitarse en una carrera profesional como lo es la Comunicación Social, convirtiéndola en una de las profesiones más demandadas del país. Expertos comunicólogos de nuestras universidades, muestran cifras que dan cuenta de 20 escuelas en el país con más de 40 mil estudiantes, de las que han egresado más de 23 mil venezolanos. En Latinoamérica el número de escuelas pasa de dos mil 500. Son cifras sobre las que se debe reflexionar antes de considerar la eliminación de una carrera de estudios que profundiza el perfeccionamiento del talento joven de nuestro país.
Hacemos un llamado a todos los gremios venezolanos, para que entiendan el peligro que representan este tipo de leyes paralelas, inconstitucionales por demás, que persiguen regular las profesiones en el país con fines político-partidistas y complacientes. Nuestro régimen jurídico ha delimitado el ejercicio de las profesiones en el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ratifica las leyes vigentes para su ejercicio.
Ratificamos la defensa del derecho que tienen los ciudadanos a la información oportuna y veraz, asimismo, continuaremos proporcionando las herramientas para que ejerzan su derecho a opinar de manera pública, con plena libertad, de forma plural y en paz, desde sus espacios naturales o gracias a las nuevos instrumentos de comunicación que proporciona la tecnología.
Los periodistas defendemos hoy, y así ha sido siempre, nuestro derecho a la formación profesional para un ejercicio ético, equilibrado, de cara a las necesidades del ciudadano. Ningún intento del poder nos va a distraer del ejercicio libre como profesionales dedicados a ser la voz del pueblo venezolano