Venezuela durante el régimen chavista se convirtió en el país más inseguro de América Latina y del mundo, según cifras proporcionadas por Gallup, probablemente la encuestadora más prestigiosa del planeta. Los números están a la vista. Durante 2013, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el número de muertes violentas fue 24.763, con una tasa de 79 por cada cien mil habitantes. En el primer semestre de 2014, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) admite que se produjeron 39 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Aún el OVV no ha publicado sus números; sin embargo, se sabe que los organismos del Gobierno tienden a llevar subrregistros de esa estadística. A las muertes violentas hay que agregar los secuestros exprés, los asaltos, los arrebatotes y la amplia variedad de robos que se conocen, algunos de una espectacularidad hollywoodense.
El acoso del hampa, convertido en toque de queda en Caracas y en numerosas ciudades de la provincia, se da en medio de la militarización más severa que haya vivido el país desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Durante los dieciséis años de la era chavista el perfil de la nación se modificó drásticamente. Hemos dejado de ser una república civil para transitar hacia un modelo cuartelario, tanto en el contenido como en la forma. La tutela de los militares sobre el débil Nicolás Maduro es cada vez más evidente. Lo mantienen cercado. Lo convirtieron en su rehén. Su presencia en los órganos del Estado es cada vez mayor. Bajo su dominio se encuentra (aunque parezca un chiste de mal gusto) la seguridad nacional, la economía, la administración de gran parte de PDVSA, la CVG y las empresas estatizadas. Las milicias, aunque integradas por personas mayores que deberían ocuparse de actividades más dignas, se han extendido a un amplio rango de sectores y actividades. En el Parque del Este de Caracas se combina la milicia con la Guardia Nacional, formando un dúo desagradable que contrasta con la belleza del lugar. En el servicio diplomático, los militares en condición de retiro ocupan una amplia franja. El “Pollo” Hugo Carvajal forma parte de ese contingente.
El anillo de los uniformados en torno a Maduro va más allá del poder político. También tiene su correlato económico. Los altos mandos se benefician de jugosos negocios que incluyen el contrabando de gasolina hacia Colombia y Brasil, el narcotráfico (además de insegura, Venezuela se transformó en un corredor por donde pasa la droga que va desde Colombia, Bolivia y Perú, hacia los Estados Unidos y Europa), las comisiones por compra de armamentos a Rusia y Bielorrusia, los acuerdos con China e Irán. No existe negocio importante, incluidos CADIVI y el FONDEN, donde los verde oliva no tengan una presencia significativa y su participación sea determinante.
En medio de esta red de corrupción y complicidades de la cual forman parte, el problema de la seguridad pública ocupa un lugar muy secundario. Tanto, que el gobierno más militarizado en la historia nacional es el que ha permitido el mayor número de armas ilegales en manos de civiles. El reto para esos oficiales no consiste en que los venezolanos se sientan más seguros, posean una calidad de vida más alta y disfruten de la ciudad, como ocurre en los países civilizados. Para ellos el desafío reside en que el andamiaje del que forman parte se mantenga estable. No se tambalee, aunque el país se desintegre y los venezolanos vivan bajo el asedio de una delincuencia cada vez más agresiva y cruel.
La inseguridad personal, la angustia que crea, los sueños de fuga hacia el exterior que alimenta, resultan favorables a su manera de apoderarse de la nación y dirigirla. Una ciudadanía aterrorizada por la delincuencia y paralizada por el miedo, se desactiva. Convierte su protección y sobrevivencia en el centro de sus preocupaciones. Incluso, puede llegar a aplaudir que el país se militarice, aunque la militarización no sea más que una simple ilusión de seguridad.
De este espejismo han tomado debida nota los delincuentes. Se han dado cuenta de que el militarismo a quienes busca amedrentar es a los dirigentes de la oposición y a los grupos sociales que los apoyan. Guayana es un buen ejemplo. La zona del hierro ha sido militarizada en varias oportunidades por las protestas de los trabajadores. No obstante, el número de delitos en la región se ha mantenido en un nivel muy alto. La delincuencia sabe que las armas no apuntan contra ella, sino contra los líderes sindicales. Conocen muy bien las prioridades de los rojos.
Los países que han logrado aumentar la seguridad personal y reducir sensiblemente los asesinatos y los robos, suelen contar con gobiernos civiles que elaboran planes permanentes que incluyen la colaboración entre el gobierno central y los gobiernos regionales, el desarme de la población civil, la profesionalización y adecentamiento de las policías y el fortalecimiento del Poder Judicial. Ninguno de estos procesos está asociado a la presencia abusiva de los militares en la sociedad.
@trinomarquezc