Con pancartas y consignas, los socialcristianos alzaron su voz en contra del sistema biométrico que regulará la compra de alimentos y medicinas. Realizaron una caminata hasta la Superintendencia de Costos y Precios Justos (Caracas) en rechazo a la medida y presentaron unas propuestas para atacar el contrabando.
Los copeyanos también realizaron actividades de calle, en los diversos estados del país. El presidente de la tolda verde, Roberto Enríquez, anunció que -en los próximos días- introducirán un amparo en contra de la captahuella y contarán con más de 500 puntos -en todo el país para recoger firmas.
Los socialcristianos plantean el cambio del modelo de economía socialista, que las tierras expropiadas sean regresadas a sus propietarios -para que las pongan a producir- así como la instalación de un sistema GPS de alerta temprana al transporte de carga nacional y la rotación cada 20 días del personal militar emplazado en la frontera colombo-venezolana.
El dirigente socialcristiano dijo que el Gobierno es el “único responsable de la crisis” que está atravesando el país. “Su empeño en aplicar el modelo económico socialista de invasiones, expropiaciones y confiscaciones ha postrado la economía venezolana haciendo más pobres a los pobres y a las clases medias, mientras una minoría privilegiada de poderosos se enriquece. Presidente Maduro le exigimos cero tolerancia con la corrupción y la ineficiencia, no maltrate más al pueblo”.
Exhortan a los ciudadanos a no resignarse “al oprobio del control, el atraso y el abuso de poder, con la pretensión del Gobierno de instrumentar un mecanismo de control de las vidas de cada venezolano”, Enríquez agregó que la lucha unitaria siempre dará buenos resultados.
Por su parte, Antonio Ecarri, presidente de Copei en Caracas, recordó que el uso de la captahuella es “inmoral”. “Con el dinero que se robaron en Cadivi se hubiese podido abastecer al mercado alimentario durante tres años, imagínense ir al mercado gratis durante tres años, eso fue lo que se robaron de Cadivi”.
Asimismo, instó a los ciudadanos a manifestar de forma –pacífica y constitucional- contra la medida gubernamental.
