Venezuela cuenta con el apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe como candidato a sentarse en el Consejo de Seguridad de la ONU durante los próximos dos años, según dijeron hoy a Efe varias fuentes diplomáticas.
La candidatura venezolana será en principio la única del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), que la endosó por unanimidad en una reunión celebrada hace unos meses, confirmando una decisión previa fijada por los diplomáticos latinoamericanos en Naciones Unidas.
Periódicamente se reúnen para designar qué país representará al grupo en el seno del Consejo de Seguridad y, de hecho, ya hay una lista predeterminada hasta dentro de ocho años.
Según los diplomáticos consultados, que hablaron bajo condición de anonimato, en la cita de este verano (boreal), cuando fue ratificada la designación de Venezuela, ningún país puso problemas a la propuesta del Gobierno de Nicolás Maduro.
Previamente, sin embargo, un país centroamericano había planteado la posibilidad de que se revisase la candidatura de Venezuela por los problemas políticos que ha vivido este año, aunque finalmente dio marcha atrás, indicó una de las fuentes, sin querer identificar a esa nación.
Sin embargo, una de las fuentes consultadas precisó que siempre puede haber cambios a última hora, antes de que en octubre sean elegidos los nuevos puestos en el máximo órgano de decisiones de la ONU.
Venezuela aspira a ingresar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente en sustitución de Argentina, cuyo mandato termina a final de año.
Para ello, deberá obtener el respaldo de al menos dos tercios de los 193 países de la Asamblea General en una votación que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.
El apoyo del GRULAC, formado por 33 estados, supone una importante ventaja para Venezuela, que en 2006 intentó sin éxito entrar a formar parte del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.
El pasado año Chile concurrió sin oposición de ningún país de la región a la otra silla de la que disponen los países latinoamericanos y del Caribe y su candidatura salió adelante con total claridad, obteniendo 186 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.
El carácter secreto de la votación, sin embargo, hace habitualmente difícil garantizar antes de la misma los apoyos que recibirán los países candidatos.
El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), que tienen poder de veto, y de diez no permanentes, que son elegidos para dos años.
Junto al puesto que dejará libre Argentina, se votarán en octubre otros cuatro, de los que uno corresponde a África, otro a Asia-Pacífico y dos al grupo conocido como Europa Occidental y Otros.
Por esas dos plazas -que ahora ocupan Luxemburgo y Australia- compiten España, Nueva Zelanda y Turquía.
Venezuela ha formado parte del Consejo de Seguridad en cuatro periodos distintos desde su creación, el primero en los años 1962 y 1963 y el último entre 1992 y 1993.
En 2006, el país llevó a cabo una importante campaña para regresar al órgano, compitiendo por un puesto con Guatemala, con quien protagonizó una prolongada disputa sin que ninguno lograra los votos suficientes para salir elegido.
Tras 47 votaciones infructuosas, el GRULAC decidió finalmente que Venezuela y Guatemala se retiraran y que el grupo plantease un candidato de consenso, que resultó ser Panamá.
En aquel entonces, el Gobierno de Hugo Chávez acusó a Estados Unidos de haber ejercido una fuerte presión sobre los miembros de la Asamblea General para que no votasen a Venezuela.
Ocho años después, los dos países siguen protagonizando una tensa relación, que empeoró aún más este año con motivo de la respuesta de las autoridades venezolanas a las protestas registradas contra el Gobierno de febrero a mayo.
El pasado julio, Washington impuso sanciones para prohibir la entrada en el país a ciertos funcionarios venezolanos presuntamente vinculados con violaciones de los derechos humanos y la represión de la oposición.
Mientras, Venezuela ha acusado repetidamente a EE.UU. de tratar de desestabilizar al país, lo que ha motivado la expulsión de ocho funcionarios diplomáticos en el último año y medio.
EFE