Escribe Rafael Nieto Loaiza, joven abogado con especialización en Derecho Penal, también experto en Derecho Internacional y periodista. Se desempeñó como Viceministro de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Es editorialista de varios medios colombianos. Les traemos su artículo publicado en el diario El Colombiano (Medellín) “Duermen bien los cínicos”
En el diario El Tiempo (Bogotá) escribe Tito Livio Caldas, empresario fundador de editorial más grande de América Latina, Legis, y presidente fundador de la fundación Instituto Libertad y Progreso, el artículo “Algo va de Santos a Santos”
Dos opiniones que bien valen la pena leer (lapatilla.com)
Rafael Nieto Loaiza: Duermen bien los cínicos
Tito Livio Caldas, patricio liberal fuera de toda duda y de toda mácula, narraba la historia deManuel Lorenzo, un líder estudiantil dominicano que en su huida de la dictadura de Trujillo se refugió en Colombia y fue expulsado hacia su país de origen por Ospina Pérez. El hecho generó una fuerte reacción de la opinión y un furioso editorial de Eduardo Santos en que criticaba que se echara al muchacho a las fauces del lobo.
“Algo va de Santos a Santos”, decía Tito Livio, y de El Tiempo de entonces al de hoy, agrego yo. Lo que no ha cambiado es la violación al derecho internacional que constituyen la expulsión del Lorenzo en los cuarenta y hoy la de Lorent Saleh y Gabriel Valles, el par de dirigentes estudiantiles venezolanos que fueron entregados a la policía política venezolana por las autoridades migratorias colombianas.
El derecho de los refugiados, basado en la Convención de 1951 de la que Colombia es parte y cuyos aspectos sustantivos son, en todo caso, derecho consuetudinario, tiene como pilares fundamentales a) el hecho de que la calidad de refugiado no requiere ser concedida o reconocida por los Estados, sino que se tiene por el mero hecho de que la persona haya tenido que huir de su país de habitación por ser perseguida por su “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, y b) el principio de no devolución, según el cual un refugiado nunca puede ser devuelto al lugar del cual huyó. Dice la Convención que “[n]ingún Estado Contratante podrá por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”. Lo mismo dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 22.8.
Es decir, por un lado, se es refugiado por el mero hecho de la persecución y, por el otro, los Estados están obligados a reconocer y respetar la condición del refugiado, a diferencia del asilado que solo lo es a partir del momento en que un Estado le concede tal estatus. En consecuencia, así como reconocer y respetar al refugiado es una obligación internacional para los Estados, conceder el asilo es facultativo para los Estados que, por razones políticas, pueden o no conceder esa calidad.
La Cancillería colombiana, de quien dependen las autoridades de migración, sabía que Saleh y Valles eran refugiados. Ello se desprende de las afirmaciones que ha hecho en el sentido de que los dos ponían en peligro la “seguridad nacional”. La Cancillería se abstiene, por supuesto, de decir cuáles eran las acciones de los muchachos que ponían en riesgo nuestra seguridad. Y no lo dice porque no las había.
En todo caso, si las hubiera, la Convención obliga a que la expulsión se efectúe “en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes”. Al refugiado se le debe “permitir presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente”. En todo caso, el Estado debe concederle al refugiado “un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país”. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores creía que el par de estudiantes constituían un riesgo de seguridad nacional, tenía al menos que haberles permitido ejercer los derechos que les daba la Convención del 51. Lo que nunca debía hacer fue en cambio lo que hizo: a las patadas, con violación de todas las normas internacionales, los entregó a los gorilas del servicio de inteligencia venezolano que, como prueban las fotos que circulan por la red, ya habían desfigurado con una paliza a Saleh. Hoy el par de muchachos están desaparecidos. Nadie en Venezuela da razón de ellos. Si les va bien, su suerte será la de Leopoldo López, aislado en una cárcel militar y enjuiciado por unas autoridades judiciales que están al servicio del régimen y no les dan garantías sino a los bandidos boliburgueses y a las mafias oficialistas que se han hecho millonarias a costa del petróleo venezolano y el hambre de los más pobres.
¿Qué le pagan Santos y la Canciller a Maduro? ¿Cómo harán para dormir? Hay, sin embargo, quienes no tienen piedad ni conciencia.
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Tito Livio Caldas: Algo va de Santos a Santos
A propósito de la reciente deportación de los estudiantes venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, ordenada sin demora y sin escrúpulos por un gobierno que se supone demócrata, fue inevitable traer a mi memoria un episodio similar sucedido en nuestro país a mediados del último siglo, que quizás al presidente Juan Manuel Santos y a su canciller, María Ángela Holguín, les convenga ahora no recordarlo.
El hecho histórico tuvo lugar bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en los años iniciales de la última y absurda casi guerra civil de nuestros partidos tradicionales, tan propensos a dejarse descarriar. Simultáneamente, la República Dominicana sufría una de las dictaduras más despreciables que el mundo recuerde: la del “gran benefactor” Rafael Leónidas Trujillo. Justamente por esos días había llegado a nuestro país, escapando de la cárcel y probable de la muerte, un brillante líder estudiantil, que se oponía a aquellos abusos: Manuel Lorenzo y Carrasco.
Manuel Lorenzo hizo buena amistad con líderes estudiantiles e ilustres colombianos de ese momento y discutía con la libertad que le era negada en República Dominicana sobre los asuntos políticos de su país y sobre las perspectivas que veía para su patria el día que Trujillo dejara el poder y de nuevo se implementara la democracia.
Manolo, como se hacía llamar, había encontrado un refugio en Colombia para sobrevivir a la crueldad de la infame dictadura dominicana y seguir luchando por sus ideales democráticos. Y ello fue así hasta un buen día en el que de forma arbitraria el presidente Ospina Pérez decidió expulsarlo del país y enviarlo a las fauces del lobo.
Sus amigos en Colombia y la opinión pública del momento reaccionaron de inmediato frente al presidente Ospina para increparlo por su caprichosa decisión, haciéndole ver los peligros que por cuenta de esa expulsión correría el opositor.
Entre quienes más duramente protestaron, fíjense ustedes, se encontraba don Eduardo Santos, para entonces todavía alma y motor del periódico EL TIEMPO, quien sin dilación se sentó frente a su máquina de escribir a redactar un elocuente y furioso editorial en el que rechazaba la actitud del Presidente y su canciller frente a Manuel Lorenzo y Carrasco, poniendo de presente que nuestro país estaba siendo cómplice con esa expulsión de una dictadura conocida y rechazada por el mundo democrático –como igual sucede ahora con el gobierno del señor Maduro–.
Custodiado por dos detectives colombianos, Manolo fue embarcado en un vuelo comercial, rumbo a Santo Domingo. No advirtió el gobierno de Mariano Ospina que el avión comercial en que montaron a Manolo hacía escala en Montego Bay (Jamaica), circunstancia que aprovechó para pedir asilo, con ayuda de una azafata inglesa, en esa isla de ejemplar democracia parlamentaria anglosajona.
Quién se iba a imaginar que algo más de 60 años después, el sobrino nieto del expresidente Eduardo Santos fuera quien cayera en la funesta decisión de entregar a su verdugo a un par de jóvenes venezolanos y luchadores demócratas. Algo va de la actitud liberal y protectora de los derechos del hombre que asumió en su momento Eduardo Santos a este comportamiento reprochable y prohibido hoy por la Convención de Ginebra de 1951, en su Estatuto de los Refugiados, que ahora emprende el presidente Juan Manuel Santos.
La advertencia del tío abuelo del actual mandatario en aquel memorable editorial de EL TIEMPO sigue hoy más vigente que nunca, y bien haría Juan Manuel Santos en recordar esas palabras y rectificar tan peligrosa decisión. Con el envío de esos jóvenes, evidentes refugiados, de vuelta a Venezuela, el gobierno de Colombia, además, se define en el panorama político internacional como un aliado de regímenes dictatoriales, alejados del Estado de derecho y bien conocidos hoy en el mundo.