Gobierno retoma competencias que en 2010 tenía el Distrito Militar con la comisión cívico militar. La relación de las importaciones a más del doble de la producción nacional pone en balanza el peso de que 40 por ciento de los alimentos salen por frontera, publica La Verdad.
Por Yasmín Ojeda / Maracaibo / [email protected]
En noviembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro anunció una acción cívico militar para frenar el contrabando, especulación y el plan de “sabotaje” con el que acusó a Venancham, Consecomercio y Fedecámaras de estar detrás de la “guerra económica”. Nueve meses después se creó la comisión cívico militar para “combatir” la ofensiva mientras la inflación acumuló 63,4 por ciento y la escasez se estimó en 32 por ciento.
La presencia de militares en la frontera, para evitar la “extracción” de bienes que “desangran” al país, se agilizó. Más de dos mil efectivos salieron a vigilar y detener a contrabandistas. En Zulia y Táchira desde mayo de 2013 ya se ejecutaban medidas. La última, más de un año después, apuntó al cierre de frontera y privativa de libertad a 368 personas por casos que la Fiscalía no detalló.
Los analistas económicos y del ámbito agroalimentario dudan del éxito del plan contra el contrabando en la frontera desde el enfoque objetivo de que reaparezcan los productos en los mercados y desparezca la especulación. Carlos Machado Allison, experto en temas alimentarios, destaca la incidencia de la tasa de cambio con respecto al bolívar y el “enorme subsidio que el Gobierno otorga para mantener precios bajos de los productos básicos, lo que hace atractivos” la salida de bienes a la frontera.
Descarga cuestionamientos a la caída agroalimentaria y la importación de alimentos que supera en muchos casos el doble de la cosecha nacional. El azúcar, maíz blanco, leche, carne y aceites están en lista de compras internacionales citadas ante la falta de oferta nacional.
La “necesidad es evidente: producir más”. Cuestión que solo los productores “no” pueden hacer. “Tiene que darse una política de estímulo”. Un hecho explícito tras el reconocimiento del Presidente al mencionar la “cantidad de controles y permisos” impuestos en 15 años que no lograron el reimpulso productivo.
Estrategia contra la “guerra”
El Gobierno tiene estrategias. Giró órdenes. Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, encabeza la comisión cívico militar para responder a la “guerra económica” en la frontera. Parece asumir las competencias que en 2010 el presidente Hugo Chávez decretó los Distritos Militares. El reciclaje de misión ahora la integran las Fuerzas Armadas, gobernaciones, alcaldías e instituciones del sector público.
En 15 días de operaciones, los castrenses reportan los primeros resultados en agosto. Vladimir Padrino López, jefe de CEOFANB, informó desde la Aduana de Maracaibo, la retención de más de 178 mil kilos de alimentos, 122 mil 840 litros de combustible, 30 mil kilos de cemento, 20 láminas de acero y materiales petroleros y de minería.
Para Machado Allison, las incautaciones deberían rondar “varios millones de toneladas”. La relación de que 40 por ciento de los alimentos se van a la frontera no cuadra, más si no hay “enormes colas de camiones”. Alejandro Gutiérrez, economista, precisa que “es muy difícil que el operativo cívico militar contra el contrabando frene la salida de alimentos en cantidades importantes”.
Gutiérrez fija dos razones: “Es demasiada la diferencia de precios entre Venezuela y Colombia si se calculan al tipo de cambio de mercado paralelo, eso deja margen para sobornar a mucha gente”. Y que el Ejecutivo sabe “quiénes son las mafias de grandes contrabandistas”.
En la frontera “todo el mundo se conoce y se sabe quiénes son los grandes contrabandistas, cómo piden las comisiones en gandolas de gasolina y de alimentos, cómo pasan a determinadas horas por alcabalas y trochas. Hay total impunidad porque como reconocieron miembros del Gobierno y del PSUV hay militares de todos los rangos y ‘enchufaos'”.
El economista recomienda para frenar especulación y contrabando medidas que reordenen “la economía, cambiando la política económica, sincerando precios, tipo de cambio, dejando de emitir dinero inorgánico, estimulando la inversión privada nacional y extranjera, reordenando el gasto público, atacando la corrupción, garantizando los derechos de propiedad, seguridad jurídica y personal y otras”.
“Hay total impunidad porque como reconocieron miembros del Gobierno y del PSUV hay militares de todos los rangos y ‘enchufaos'”
Alejandro Gutiérrez. Economista