Supuestos hechos irregulares y de corrupción en su funcionamiento se estarían registrando en el Consejo Regional para la Integración de Personas con Discapacidad (Coripdis-Zulia) denunció la madre de uno de los miembros de esa institución.
María Luisa Ordóñez, madre de un joven con capacidades diferentes, explicó que en esa institución, dependiente de la Gobernación del Estado Zulia y creada en 1995 durante el gobierno de Lolita Aniyar de Castro, no sólo es blanco de irregularidades sino que la situación afecta a otras organizaciones de atención a personas que sufren enfermedades disfuncionales.
Señaló que para recibir el carné de miembro activo de Coripdis, el interesado no sólo debe demostrar su discapacidad, sino que tiene que “bajarse de la mula” con cinco mil bolívares.
Asimismo, el personal de la comisión es el único beneficiario de los mercados populares que realiza la red Mercal. “Productos de la dieta básica a precios regulados que deberían ser destinados al personal de otras instituciones de atención a las personas con enfermedades disfuncionales, son acaparados por las 12 personas que integran la plantilla laboral de este organismo”, destacó Ordóñez.
De igual modo destacó que hay directivos llegados de otras regiones del país donde han salido por presuntos hechos de corrupción en la administración de los recursos asignados por los gobiernos nacional y regional.
María Luisa Ordóñez destacó también el caso del abogado invidente Víctor Atilio Carrasquero, quien prestaba servicios en la Biblioteca Pública del Estado “María Calcaño”.
Explicó que Carrasquero y otros trabajadores de esa biblioteca, fueron transferidos a Coripdis-Zulia con la intención de despedirlos de la Gobernación zuliana con la complicidad de la directiva de nuestra institución. En el caso de Carrasquero, planeaban pasar por alto que es representante del Colegio de Abogados del Zulia, ha representado al Zulia en torneos nacionales e internacionales de ajedrez y, peor aún, tiene una suspensión médica emitida por el Seguro Social.
El cuadro de irregularidades lo completa la falta de convocatoria de asambleas de otras instituciones de asistencia a personas con discapacidad, como lo son Azupane, Asociegos, Asosordos, Funpanaz, Fundene y las asociaciones polideportivas zulianas de sordos y ciegos. “La última asamblea que se recuerde fue durante el gobierno de Pablo Pérez, por lo cual se desconoce cómo va la administración y el manejo de Coripdis-Zulia.
María Luisa Ordóñez exigió al gobernador Francisco Arias Cárdenas que ordene una investigación amplia en torno a las irregularidades que se registran en el Consejo Regional para la Integración de Personas con Discapacidad (Coripdis), a los fines de establecer las responsabilidades respectivas y la aplicación de sanciones.