El analista venezolano Antonio de la Cruz escribe sobre la importancia de entender lo que fue el período especial en Cuba, el la crisis de los años 1991,92 y 93 y la influencia que ejerce La Habana en Nicolás Maduro que, intuye, está siguiendo la experiencia cubana.
Escribe De La Cruz, “Esta es la receta de Maduro ante la crisis en Venezuela. Los desequilibrios macroeconómicos se mantendrían, porque no hará nada para ajustarlos. Manejaría el ingreso de aproximadamente $3.000 millones mensuales para satisfacer las necesidades básicas del Estado y las comunas. Coexistiendo con el déficit fiscal, la escasez e inflación. Y, un pueblo que comería poco y mal. Padeciendo enfermedades comunes y desconocidas. Tratando de resolver. Jineteando”
Y remata “Una realidad que desafía el sentido común. Por la creencia que no se pueden cambiar las cosas. Porque la inteligencia cubana es el “Coco” de la estructura chavista y lo mágico religioso de la Isla la brújula del Gobierno“.
Entender La Habana, para leer a Maduro gerenciar la crisis
Antonio de la Cruz
Director Ejecutivo de Inter American Trends
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, está frente a la situación económica más crítica que ha atravesado Venezuela en los últimos 15 años. Las acciones tomadas -hasta ahora por su Gobierno- para solventar esta realidad apuntan a reforzar el control, por parte el Estado-comuna, del sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios del país. Un escenario de crisis transitado por el régimen cubano, cuando el bloque soviético se desintegró en 1990-91.
De todos los países que integraban el bloque soviético, Cuba era quizás el país más vulnerable cuando colapsó la Unión Soviética (USSR). Durante los años 70’s y 80’s dependía de la URSS para el comercio y las finanzas. Las exportaciones de azúcar recibían un precio preferencial de $0,42/libra mientras que en el mercado internacional se cotizaba a $0,09/ libra (1990). Representaban el 40% del PIB, el 50% del suministro de los alimentos, y el 90% de las importaciones de crudo y productos, e insumos para la agricultura e industria. En 1990, el déficit en la balanza comercial era de $3.000 millones que financiaba la USRR en condiciones favorables.
Con la disolución de la URSS, la cooperación económica entre los países socialistas a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) terminó. Afectando la capacidad de importación de la Isla. La comida, los hidrocarburos e insumos empezaron a faltar. Porque Rusia cobraría la factura de estos renglones en dólares, sin financiamiento o subsidios.
Según el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), la reducción de las importaciones fue tal, que en 1993 pasó a representar el 15% del PIB. Al mismo tiempo, los intentos de Cuba para obtener ingresos en divisas fueron restringidos por el embargo impuesto por EE.UU en 1960. Impidiendo el acceso no sólo al mercado de capitales estadunidenses, sino también a los préstamos o las ayudas para los países en desarrollo de la mayoría de las instituciones multilaterales. Como resultado, el régimen cubano se enfrentó a las duras restricciones de divisas que limitó la inversión y el crecimiento. Dejando la economía muy vulnerable. Con un déficit fiscal que pasó de 10% del PIB en 1990 a 34% en 1993 y una caída en el tamaño de la economía de $31,1 mil millones a $19,8 mil millones respectivamente.
La gravedad de la crisis hizo que de 1990 a 1991 el funcionamiento normal del país fuera imposible y el plan único de desarrollo económico quedara a un lado. Las medidas de emergencia fueron adoptadas para mantener, con los pocos recursos, el Estado del bienestar –la misiones en Venezuela-, los productos con control de precios –Ley de precios justos-, las importaciones causadas por el monopolio de los intercambios internacionales -Cencoex, Corpovex– y las empresas estatales –Pdval, Mercal, etc., que, además, fueron apoyadas con movilizaciones masivas, asambleas y el debate público.
Fidel Castro caracterizaría estos años de la crisis como un Período Especial en Tiempo de Paz. Lo manejó como un ejercicio cívico-militar, al igual que lo hacía ante un desastre natural o una posible invasión extranjera. En 1990, para el Ejercicio de Defensa Económica lo coordinó con múltiples agencias. Se cortaron los suministros de electricidad y agua por períodos cortos en las fábricas, oficinas, hogares, escuelas y hospitales para ensayar la respuesta del colectivo. Asimismo con el Programa de Alimentos, en el cual fueron llamados los agricultores y ciudadanos para contribuir con la producción agrícola. En el Foro de Repuestos (diciembre 1991) discutirían ideas para el reciclaje de las máquinas y la sustitución de importaciones. Y, en el Plan de Energías (enero 1992), se buscó que los hogares, las empresas y las autoridades locales identificaran maneras de reducir el consumo de hidrocarburos.
Mientras tanto, la seguridad alimentaria se mantuvo en condiciones de escasez aguda durante la década de 1990. Las redes de distribución estatal (el acopio), gestionaban los alimentos desde los cetros de almacenamiento (suministros importados) y las granjas estatales para colocarlos, de forma gratuita o subsidiado, a través del sistema de racionamiento y otras redes -las vías sociales– en los lugares de trabajo, escuelas y centros de salud. Este sistema de racionamiento con precios fijos permitió que el costo per cápita satisficiera las necesidades básicas de alimentos, manteniéndose en CUP 40 al mes, por debajo del salario mínimo (CUP 85 mensuales).
La protección social pasó a depender de una serie de organismos estatales locales, incluido el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) – que monitoreaba los niveles de nutrición, asignó raciones suplementarias y mantuvo las redes de apoyo para las madres y los bebés-, y profesionales de la salud que estaban familiarizados con las personas más vulnerables en sus comunidades. Como parte de este proceso la red de Consejos Populares, creados en 1991, asistían en la identificación de hogares “en riesgo” y en la administración de los programas de ayuda.
Para enfrentar la crisis, la descentralización de las agencias de bienestar social estuvo acompañada de una flexibilización del control estatal centralizado de la economía en general. Fue un período que incluyó medidas para la liberalización parcial de la economía en respuesta a las nuevas condiciones internacionales: desarrollar el turismo, promover las exportaciones, minimizar las importaciones, buscar nuevas formas de inversión extranjera, y controlar el gasto del Estado y la oferta monetaria. Mientras existía todavía un extenso papel del Estado en actividades como: continuar con el programa de alimentos, dar prioridad a la salud, educación e investigación, la planificación centralizada para el beneficio público, y proteger los “logros de la revolución”. Llevando al régimen a optar por un enfoque heterodoxo y flexible en cuanto a la política económica, a través de un proceso de toma de decisiones complejas.
El equilibrio macroeconómico no fue una prioridad al inicio de la emergencia. Los beneficios del gasto deficitario durante la crisis fueron claros -sirvió para mitigar tanto la contracción y reducir al mínimo el costo del bienestar ciudadano proveniente de la crisis. Sin embargo, esta política generó desequilibrios en el largo plazo. El déficit fue totalmente monetizado al no tener acceso a financiamiento. Proporcionando una fuerte caída en el valor del peso cubano. La tasa en el mercado negro se colocó en CUP 7 por dólar en 1990 a más de CUP 100 por dólar en 1993.
El colapso del peso en relación al dólar fue un símbolo de la erosión de la autoestima nacional cubana. Los que dependían de los salarios en pesos se empobrecían en relación a los cubanos que habían emigrado a los EE.UU. (los gusanos) y las personas que operaban en la economía de mercado negro-informal, como el jineterismo. Se manejó la ética que ante la necesidad hay que resolver o sobrevivir. Con el tiempo, este sistema monetario doble socavó los incentivos al trabajo y la solidaridad social. Aumentó las presiones por el hurto, el ausentismo y la corrupción, que eran una carga para la economía formal.
La situación llego a tal punto que generó desesperanza en la población. Conduciendo a la crisis de los ‘balseros’ y al motín en la capital, el habanero. Sin embargo, el régimen se negó a rectificar y adoptar un paquete de estabilización macroeconómica (terapia de choque). Sostenía que había que defender los logros de la Revolución. Optó por la economía de subsistencia. Apagones de doce horas al día. Inflación, carestía y hambre.
Esta es la receta de Maduro ante la crisis en Venezuela. Los desequilibrios macroeconómicos se mantendrían, porque no hará nada para ajustarlos. Manejaría el ingreso de aproximadamente $3.000 millones mensuales para satisfacer las necesidades básicas del Estado y las comunas. Coexistiendo con el déficit fiscal, la escasez e inflación. Y, un pueblo que comería poco y mal. Padeciendo enfermedades comunes y desconocidas. Tratando de resolver. Jineteando.
Una realidad que desafía el sentido común. Por la creencia que no se pueden cambiar las cosas. Porque la inteligencia cubana es el “Coco” de la estructura chavista y lo mágico religioso de la Isla la brújula del Gobierno.
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