Quince organizaciones ecuatorianas de izquierda anunciaron el jueves la creación del frente Unidos para luchar contra la oposición al día siguiente de una concurrida marcha de protesta contra el presidente, Rafael Correa, que dejó 16 policías heridos y medio centenar de detenidos.AFP
La coalición está encabezada por Alianza País, el movimiento con el que Correa alcanzó el poder en 2007, y reúne a grupos de centro y centroizquierda, destacó el mandatario.
“Hemos formado el frente Unidos para que está revolución continúe y, sí, para hacerle frente a esa restauración conservadora que también esta unida y con financiamiento internacional”, dijo Correa en una rueda de prensa.
Tras el revés electoral que sufrió el oficialismo en los comicios municipales de febrero, en los que perdió importantes capitales incluidas Quito, Guayaquil y Cuenca, Correa alertó sobre una reagrupación de las fuerzas opositoras de derecha para desestabilizar a su gobierno.
“La restauración conservadora es esa articulación que tienen los grupos de poder, la derecha nacional y la derecha internacional (…) para parar no solo el proceso en Ecuador sino en Venezuela, Bolivia, Argentina”, agregó el mandatario.
Correa, quien impulsa una enmienda constitucional para incorporar la reelección indefinida de presidente y demás autoridades de voto popular, lanzó la nueva coalición política un día después de que sindicatos y grupos de oposición marcharon contra su gobierno en varias ciudades.
La protesta, que dejó 16 policías heridos, dos de gravedad, y decenas de manifestantes detenidos, fue replicada con una concentración oficialista que también reunió a miles de personas.
Correa vinculó la movilización con supuestos planes para desestabilizar a su gobierno y descargó sobre los manifestantes opositores toda la responsabilidad por los disturbios.
“Aquí no ha habido represión, y nada, lo que ha habido es una violencia brutal por parte de los mismos de siempre”, denunció el mandatario.
Correa gobierna desde 2007 con altos niveles de popularidad, y en caso de que se apruebe un paquete de enmiendas constitucionales podría continuar en el poder después de 2017.
Las reformas están siendo examinadas por la Corte Constitucional, que deberá definir si deben ser aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista o sometidas a consulta popular.