El Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó este miércoles que ya está lista una providencia administrativa para establecer el Precio de Venta Justo (PVJ), mecanismo que busca mejorar el control de precios pues establece el precio de venta al público de todos los productos distribuidos y comercializados en el mercado nacional.
AVN
“Ya tenemos el proyecto de providencia para volver a establecer el Precio de Venta Justo o el precio máximo de venta justo, que no sólo es un precio de venta al público, sino que debe ser justo el que se le venda al público y no que el precio que el mercado decida”, refirió Méndez durante su participación en el programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión.
Indicó que este mecanismo se diferencia del antiguo PVP (Precio de Venta al Público), pues permitirá establecer un precio máximo en los productos que llegan a los consumidores.
Ratificó que los precios serán establecidos por la superintendecia y la red de autoregulación contable con base a la evaluación del costo de producción de bienes.
“Lo que nosotros llamamos la providencia 003. Esto es que los productos que están regulados deben tener su precio, pero los que no están regulados igualmente se le deben colocar un precio de venta justo en función a sus costos”, lo que en su consideración contribuirá a confrontar la especulación.
De igual manera, refirió que se realizará un proceso de fiscalización a las empresas que importan bienes con divisas otorgadas por el Estado venezolano para que después sean vendidos a la población con sobreprecio.
“Con esto vamos a lograr que usted no pague más por los productos que son comprados con dolares preferenciales que aprueba el Estado”, recalcó.
Asimismo dijo que ha recibido denuncias de de varios estados del país respecto a las matrículas escolares con precios excesivos. “En todos los sectores vamos a verificar que los costos que se establezcan sean los justos”, agregó.
También indicó que con el Plan anticontrabando que impulsa el Gobierno Nacional, en un mes ha realizado 2.400 fiscalizaciones a todas las cadenas de distribución de alimentos y 37 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), han sido detenidos por estar involucrados en el delito de contrabando de extracción.