El venezolano y director de la empresa Tecnobreaks, basada en Panamá y única accionaria de Epalisticia, actual propietaria del diario El Universal de Venezuela, demandará a las personas detrás de la transacción a través de la cual su empresa se utilizó para comprar, presuntamente, el medio de comunicación, publica el portal panampost.com.
El demandante, Carlos Odín Velazco, ha reiterado que no tiene nada que ver con la compra del periódico centenario de Venezuela. Culpa al abogado y agente de la empresa, Alejandro Quiodettis, así como a tres ciudadanos españoles, que tras una sospechosa transacción ahora ocupan cargos dentro de la empresa fundada por Velazco.
Velazco fue el director formal de Tecnobreaks hasta el 17 de julio, cuando Quiodettis registró un documento sobre una reunión extraordinaria de los accionistas, supuestamente celebrada el febrero pasado, en la cual Velazco dejaba su puesto como director y los tres españoles, miembros de Epalisticia, pasaban a tomar los cargos de director, tesorero y secretario de Tecnobreaks Inc.
La información revelada por el investigador Alex Boyd en el blog Infodio, asegura que el día de la usurpación demandada por Velazco, el capital de la empresa Tecnobreaks aumentó de US$10.000 a $1.000.000.
Desde Ciudad de Panamá, Velazco informó que introducirá una demanda civil y penal “en contra de los autores materiales de la compra del periódico El Universal en la que me he vuelto inmerso, ya que no he obtenido respuesta satisfactoria por parte del abogado Alejandro Quiodettis, quien fue el autor de la estafa realizada con mi buen nombre y utilizando de manera ilícita y fraudulenta mi empresa”.
La demanda también irá en contra de los tres españoles mencionados por Boyd en su blog como miembros de Epalisticia, y ahora de Tecnobreaks: Eduardo Escribano López de la Osa, José Luis Otero Basanta, y José Antonio Lopez de la Torre. El grupo es acusado por Velazco de violar el artículo 366 del Código Penal panameño, sobre la falsificación de documentos públicos, y contempla un castigo de prisión de cuatro a ocho años.
El fundador de Tecnobreaks asegura que posee todos los documentos que respaldan que sigue siendo el dueño de su empresa, y sin los cuales no se pudieron haber hecho de forma legal las modificaciones que reclama.
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