Semejante despropósito no podía promoverse en un peor momento, cuando fuerzas emergentes de la mayor peligrosidad amenazan la paz y la seguridad mundial que tant?a unidad necesita para hacerles frente. Precisamente, cuando el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución exigiendo a los países aprobar leyes que prohibieran viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas, o la financiación de esos esfuerzos; el régimen de Venezuela es conocido por proporcionar pasaportes a muchos individuos del Medio Oriente pertenecientes a grupos radicales, incluyendo a Hezbolá, así como de cooperar y proporcionar logística y cobertura a grupos narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una práctica sin duda delictiva y alarmante.
Tanto es así, que cinco altos generales venezolanos han sido incluidos por el Tesoro de Estados Unidos en la kingpin list (Lista Clinton) que mantiene el Tesoro para todos aquellos cooperadores del tráfico de armas, de drogas y de lavado de dinero. Dos de estos altos oficiales son actualmente gobernadores de estados y miembros activos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Es tan vergonzoso como irresponsable que gobiernos que se enorgullecen de ser democráticos, y que incluso muchos de ellos han sufrido bajo el dominio militar, presten su apoyo a un régimen que durante los últimos 15 años se ha asociado con algunos de los peores y más infames personajes como Saddam Hussein, Ghadafi, Al Bashir, Al-Assad, Ahmadinejad y Mugabe.
Los gobiernos de América Latina y del Caribe no pecan por ignorancia. Están muy al tanto del colapso de la democracia en Venezuela, así como de la magnitud de su récord infame de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la reciente detención, persecución y tortura de dirigentes políticos y estudiantiles debidamente documentados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y grupos de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los casos del dirigente nacional Leopoldo López y de los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Escarano son más que elocuentes de la inexistencia de un estado de derecho. El sistema judicial del régimen aplica lo más cercano a la práctica del linchamiento de los disidentes.
Estos países también conocen que el régimen venezolano está bajo el control y la influencia del gobierno cubano, y que Cuba será el representante de facto en el Consejo. También saben que más de la mitad de la comunidad judía en Venezuela se ha visto obligada a abandonar el país por el acoso infligido a ellos después de que el régimen rompió relaciones diplomáticas con Israel, calificándolo de estado genocida.
¿Por qué hacen esto los gobiernos latinoamericanos y caribeños? Algunos para pagar favores recibidos a través de “petrodólares de la diplomacia de Venezuela”, a través de la alianza petrolera Petro Caribe y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Otros para complacer a los grupos de izquierda dentro de sus países, y otros para atacar indirectamente a Estados Unidos en el Consejo por medio de Venezuela.
Dos casos son muy esclarecedores: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su calidad de ministro de Defensa bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, documentó el papel criminal desempeñado por el régimen venezolano con las narcoterroristas FARC, y aun a sabiendas de que tal asociación ha causado tanto sufrimiento a su propio pueblo, decidió dejar este gravísimo delito de lado para apoyar el régimen de Maduro. Ya antes lo hizo entregando al venezolano Walid Makled, el más grande traficante de drogas de América Latina, no a la justicia norteamericana, que lo esperaba para procesarlo, sino al que él calificó como su mejor amigo: nada menos que Hugo Chávez. Por supuesto, nunca más se ha sabido del personaje. Y por supuesto no ha podido revelar el alcance de la mafia militar venezolana a la cual estaba asociado.
Chile, que tanto se benefició de los anteriores gobiernos democráticos venezolanos, que incluso ayudaron a liberar a dirigentes políticos prominentes de su propio partido que estaban presos por la dictadura de Pinochet, ni se inmuta al respaldar a un régimen militarizado, como es el caso hoy en día en Venezuela.
Venezuela ha pertenecido en cuatro ocasiones al Consejo de Seguridad. La última vez en 1992-93, cuando tuve el privilegio de ser su representante. Nuestra selección siempre fue votada por consenso, puesto que mi país se distinguió siempre como miembro confiable y responsable de la comunidad internacional, así como ser un promotor y defensor activo de los derechos humanos, y del derecho internacional.
A pesar de ese vergonzoso respaldo, la decisión final para elegir a los representantes en el Consejo de Seguridad recae en la Asamblea General, que se encuentra en conocimiento de que la candidatura venezolana no responde para nada al interés general de la comunidad internacional, por lo que no debería proporcionar la mayoría de dos tercios necesaria para ser elegido. No se equivoquen: el régimen venezolano no es solo un enemigo declarado de Israel y de Estados Unidos, sino de los principios que rigen a la propia organización mundial.
Esta infame realidad, junto con la inexistencia de la libertad de expresión, hace de Venezuela el peor y más descalificado candidato para representar a América Latina y el Caribe. Los países miembros no deben permitir que Venezuela compre un asiento en la ONU a pesar de la irresponsable complicidad de los países de la región.
Ex embajador de Venezuela ante la ONU.